En La decisión de Sophie, el novelista William Styron plantea un atroz dilema moral. Solo pensarlo produce escalofríos. La protagonista debe elegir, en el campo de exterminio de Auschwitz, a cuál de sus dos hijos puede salvar de la cámara de gas. Opta por sacrificar a su hija, la pequeña y débil Eva, y salva a su hijo Jan, mayor y más fuerte. La decisión la atormentará el resto de su vida.
El Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, prohibió derivar enfermos de las residencias de mayores a los hospitales. Ante el colapso del sistema de salud, estableció prioridades y optó por salvar a los que presuntamente tenían mayores posibilidades de sobrevivir, en detrimento de los ancianos con patologías previas o con discapacidad. Su consejero Alberto Reyero, ahora se sabe, se opuso a aquella decisión: «No es ética y posiblemente no sea legal», dijo. Acerca de la legalidad ya se pronunciará el Supremo, pero la cuestión ética bien merece una breve reflexión.
Parto de una premisa: todas las vidas tienen idéntico valor. Aunque, subjetivamente, apreciamos unas más que otras: la nuestra o la del ser querido, antes que la del vecino, la del forastero o la del enemigo. Precisamente para evitar esa parcialidad hemos convertido al médico en el tutor, con poderes omnímodos, de nuestra salud. Confiamos, por su juramento hipocrático y por los principios deontológicos que le exigimos, en que respeta por igual todas las vidas humanas. Y en que pondrá el mismo celo en curar al delincuente que al policía heridos.
Claro que el médico tiene que afrontar, muchas más veces de las que quisiera, la decisión de Sophie. En una pandemia como esta, con los hospitales madrileños colapsados, ¿a quién le coloco el único respirador disponible? ¿Al joven, a la madre o al abuelo? Decidirá con criterios médicos: al que más lo necesite o al que tenga más posibilidades de sobrevivir. Si todas las vidas tienen el mismo valor, el único objetivo consiste en salvar el mayor número posible.
Si comparten lo dicho, comprenderán mi espanto al conocer la decisión de Ayuso. Prohibir el traslado de enfermos de las residencias a los hospitales es, por decirlo suavemente, una medida execrable e inmoral. Significa usurpar una función reservada a los médicos: decidir quien vive y quien muere cuando se plantea el dilema. Reyero reprocha al consejero de Sanidad que sus protocolos no están basados en criterios médicos. Y ciertamente no pueden estarlo, porque los criterios médicos para hospitalizar a alguien son los que aplican los médicos de forma individualizada, una vez examinado caso por caso, y no los establecidos en una orden política que anula por las bravas un derecho fundamental de los residentes. Si además se confirma que la discriminación se extiende explícitamente a enfermos con discapacidad o demencia senil, como indica alguno de los últimos protocolos exhumados, la decisión de Ayuso no guarda paralelismo alguno con la de Sophie. Sugiere más bien algún inquietante parecido con la política de los verdugos de su hija.