El estado de alarma decretado por el Gobierno y ya prorrogado en varias ocasiones por el Congreso está sacando a la luz algunas de las más graves deficiencias que ya presentaba nuestro sistema judicial. Frente a las recetas consistentes en habilitar veinte días de agosto, que no tendrán ningún efecto realista en acortar los plazos de espera dadas las vacaciones del resto de usuarios (policías, testigos, etcétera), y que la harán inútil y perjudicial al diseminar las vacaciones de todos los funcionarios y autónomos entre el resto de los meses, las inversiones en Justicia siguen en estado de espera. Todo esto por no hablar de la invasión de competencias exclusivas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reserva de Ley Orgánica, nunca justificada por un Real Decreto Ley.
Lo cierto es que seguimos con una de las medias más bajas de jueces y fiscales de Europa, y los milagros no existen: o se ataca la oferta de Justicia o su demanda, pero el sistema no da más de sí ya desde hace años. En Justicia hay dos tipos de medidas que hay que adoptar: 1) Presupuestarias: como la necesaria inversión tecnológica que ha dejado al desnudo el covid, dado que es muy complicado teletrabajar con los medios actuales, frente al sector privado y otras administraciones como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); en materia de personal, el cambio de paradigma instructor, dado que seguimos con una ley procesal penal de 1882, cuando la delincuencia y las garantías procesales eran muy distintas de las actuales; y la recentralización de juzgados, por poner algunos ejemplos. 2) Medidas sin exigencia presupuestaria: en algunos casos, siendo necesaria simplemente la readaptación de puestos de trabajo, como la ya dos veces aprobada creación de la Fiscalía Anticorrupción para Galicia, que tuvo el visto bueno del Consejo Fiscal en el 2018 y el 2019 y que todavía no se ha encontrado el momento de implementar, pese a que algunos venimos insistiendo en su necesidad desde el año 2014.
La Administración de Justicia ha sido la eterna Cenicienta frente a otras administraciones; a todo le mundo le interesa cómo va la educación o la sanidad, teniendo sus opiniones, pero cuando nos ponemos a hablar de Justicia pocos abandonamos los lugares comunes, por el desconocimiento de cómo funciona realmente. Un sistema judicial lento como el actual supone que demandas de divorcio en violencia de género presentadas en octubre del 2018 aún no tengan fecha, alargando la tensión entre las parejas; o, en materia tributaria, que se tengan congeladas en las cuentas judiciales miles de millones de euros que no están circulando donde deben, en la economía nacional o particular. Sin embargo, no hay que engañarse, a los políticos les suele interesar bien poco, ¿saben cuál fue el último de los ministros en publicitarse por el actual Gobierno? La Justicia, da igual de qué signo político hablemos, nunca ha interesado y siempre ha sido considerada un oscuro pozo negro de gasto, nada lucido frente a otras necesidades, y en la que todo se pretende arreglar a coste cero, siendo esta la situación que tenemos que revertir.