Nadie en su sano juicio puede pensar que desde el comienzo de esta pandemia el Gobierno ha tomado medidas a sabiendas de que provocarían la pérdida de vidas humanas y el agravamiento de la propagación del virus. Los errores que haya cometido el Ejecutivo son por tanto producto del exceso de confianza, la falta de previsión o la incapacidad para hacer frente a una crisis sin precedentes. Algo que no resta un gramo de responsabilidad a sus acciones u omisiones. Pero carece de sentido que la oposición se dedique exclusivamente a atacar la gestión pasada del Ejecutivo. Tiempo habrá cuando acabe esto para investigar y exigir responsabilidades políticas, y hasta penales si fuera el caso, por la toma o la ausencia de decisiones de los máximos responsables del Gobierno. Exigir en medio de la pandemia la dimisión en pleno del Ejecutivo es un acto infantil que solo pueden plantear partidos que piensan más en su beneficio político que en ayudar a salir de esta situación. En el plano sanitario, ahora se trata de que todos hagan aportaciones para impedir que se sigan cometiendo errores, corregir los ya detectados y salvar el mayor número de vidas posible. Si el deshielo laboral que comenzó ayer eleva los contagios, deberá darse marcha atrás sin cebarse en ese fracaso.
Pero algo muy distinto, y quizá más importante -aunque resulte difícil decirlo cuando cada día mueren centenares de españoles-, es impedir el colapso económico. En ese terreno no cabe el método de prueba y error. Las decisiones de hoy marcarán nuestro futuro durante años. Quizá décadas. Y tomar las medidas inadecuadas sería catastrófico. La responsabilidad del PP es hacer todo lo posible para impedir que eso suceda. No puede por tanto desentenderse de su obligación alegando el maltrato, el menosprecio o la unilateralidad del Gobierno. Mantenerse al margen y permitir que Unidas Podemos aproveche esta crisis sanitaria para imponer a Sánchez una limitación de la libertad de mercado, una estatalización de la economía, una nacionalización de sectores estratégicos, una economía basada a largo plazo en el subsidio y no el estímulo al emprendimiento, y un castigo fiscal a los empresarios que lastraría el empleo, sería una dejación de funciones por la que el PP tendría que rendir cuentas a sus votantes.
Sin renunciar a exigir responsabilidades políticas en el futuro, Pablo Casado debe olvidar ahora afrentas y rencores y ofrecer a Sánchez la negociación de un completo programa para salvar la economía con el compromiso de aplicarlo gobierne quien gobierne. No serían unos Pactos de la Moncloa, como propone Sánchez. Eso carece de sentido. Aquello no fue solo un acuerdo económico, sino un compromiso político colectivo para garantizar el cambio de régimen y las libertades de las que ahora gozamos, que no necesitan revisión. Pero el PP no puede mirar a otro lado. Debe ofrecer un pacto por la economía y la mayoría necesaria para aplicarlo. Así, si Sánchez lo rechaza y decide llevar a España al abismo económico de la mano del populismo, la responsabilidad sería suya, no de la inacción del PP.