La situación que, como otros muchos países, atraviesa España desde el comienzo de la pandemia provocada por el COVID-19 es de una gravedad sin precedentes y, por ello, de una gran dificultad de gestión en todos los órdenes, entre los que destacan el sanitario y el económico. El uno porque nos enfrentamos a un virus desconocido y muy contagioso, que está sometiendo a los sistemas sanitarios a una presión asistencial con amenaza de colapso. Y el otro porque para luchar contra el coronavirus se han reducido al mínimo los contactos personales, clausurando muchas de las actividades que activan el tráfico económico.

Hacer frente a esos problemas constituye, sin duda, un desafío gigantesco. Desafío que en algunos casos, como el de España, se ha visto agravado por dos causas. Primero, por el evidente retraso del Gobierno en la adopción de medidas de contención de la epidemia (prohibición de concentraciones de masas y adquisición de material médico y de equipos de protección) pese a todos los indicios que demostraban la envergadura del problema; y segundo, por una funesta gestión de la crisis, ejemplificada en la compra de 640.000 test para la detección del COVID-19 defectuosos a un vendedor no autorizado, o en las contradictorias versiones del Gobierno central y de los autonómicos sobre el envío de equipos de protección.

Esa funesta gestión de una crisis, que no es solo sanitaria, sino social y que pronto mostrará -ya lo está haciendo- sus gravísimas consecuencias económicas, ha tenido el último episodio en el desbarajuste que rodeó a la aprobación el domingo de un real decreto-ley que reduce la actividad económica solo a los llamados servicios esenciales. El miércoles Sánchez había manifestado rotundamente en el Congreso que tal reducción era innecesaria, pero, como según es en él habitual, el sábado ya había cambiado por completo de criterio. Al día siguiente se celebró un Consejo de Ministros donde volvieron a aflorar las profundas discrepancias entre los dos socios de Gobierno, pues mientras Podemos defendía las medidas de paralización, la ministra de Economía se oponía. El Consejo, en el que Podemos impuso finalmente su criterio, terminó, a las dos de la tarde, pero el nuevo real decreto-ley no se envió al BOE hasta las once y media de la noche, es decir, media hora antes de la medianoche, momento en el que debería entrar en vigor. Ello obligó a establecer una moratoria para aquellas empresas que no pudiesen echar el cierre de inmediato, sin que estuviese claro cuáles se verían afectadas y cuáles no por una norma aprobada con la improvisación con la que, desde que comenzó la crisis del coronavirus, lo hace todo este Gobierno.

La paralización de la actividad económica se llamará «hibernación», lo que al parecer disminuye su gravedad. Y la medida es, según la ministra María Jesús Montero, que hablando desconoce la mesura, «creativa», «imaginativa» e «innovadora».

Al final, y como siempre, el Gobierno trata de tapar su completa impericia con su ya habitual palabrería.

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