El presidente Feijoo tiene razón


La declaración del estado de alarma previsto en nuestra ley fundamental permitirá entre otras cosas dar plena cobertura legal a decisiones de emergencia que, forzadas por las circunstancias, fueron adoptadas por algunas comunidades autónomas con anterioridad. Entre ellas, y de forma destacada, a las restricciones del derecho constitucional a la libre circulación de las personas, esenciales para frenar la cadena de contagios que han hecho de la epidemia de coronavirus un problema de salud pública de primera magnitud.

Unos con más y otros con menos diligencia, los Ejecutivos autonómicos han venido adoptando en los últimos días medidas de política sanitaria que han acabado traduciéndose, de facto, en el establecimiento de un régimen de cuasi cuarentena para una gran parte de la población, pues no otro es el objetivo que persigue el cierre obligatorio de todos los establecimientos comerciales, salvo supermercados, farmacias y quioscos: que el mayor número de gente cumpla con el lema Quédate en casa, que, impulsado en un magnífico vídeo por personal sanitario, resume a la perfección lo que las autoridades y los especialistas solicitan a los españoles, y tienen derecho a pedirnos para que la pesadilla del COVID-19 termine lo antes posible. Cuanto mejor lo hagamos los ciudadanos, más cerca nos colocaremos del que es hoy, como pocos, un auténtico objetivo de país.

Es en ese contexto justamente en el que hay que darle toda la razón al presidente de la Xunta, que, en la noche de este sábado, respaldó, formalmente, en defensa de los intereses generales, el aplazamiento de las autonómicas gallegas. Una medida tan extrema como las circunstancias que la justifican para la que habría que articular de inmediato, mediante una acuerdo entre el Gobierno, las comunidades afectadas y la Junta Electoral Central, el correspondiente procedimiento legal.

Y ello por tres razones de diferente peso, pero que confluyen en la conclusión de que, tal y como están las cosas y tal y como es muy probable que evolucionen en las próximas semanas, mantener la llamada a las urnas constituiría sin duda una locura.

Una locura, en primer lugar, porque no pueden celebrarse unos comicios cuando el desarrollo de la campaña electoral previa a las elecciones resulta sencillamente imposible. Una locura, en segundo lugar, porque la población con mayor riesgo de caer enferma (personas mayores, inmunodeprimidos y afectados por ciertas patologías) no podría ejercer el derecho de sufragio salvo asumiendo un grave peligro para su vida.

Y una locura, finalmente, porque, cuando quedarse en casa es hoy, según todos los especialistas, la clave para luchar contra la epidemia, evitando contagios, movilizar en un solo día un millón y medio de personas en Galicia y otro millón más en el País Vasco (esos fueron los votantes en una y otra Comunidad hace cuatro años) sería la mejor forma de darle al virus la oportunidad de expandirse a su gusto y de hacer los estragos que con tanto esfuerzo social ahora tratamos de evitar.

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