El dilema: dotar de personal o dejar de prestar servicios

Alberto Vaquero García ECONOMISTA. GRUPO GEN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

OPINIÓN

09 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

188.700 personas son empleados públicos de Galicia según la Encuesta de Población Activa (EPA) del IV trimestre del 2019. En términos de población ocupada, el número de trabajadores públicos en Galicia ronda el 17,2 %, una cifra ligeramente superior a la media estatal, situada en el 16,3 %. Atendiendo a la información publicada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se comprueba que la mayor parte de los empleados públicos en Galicia lo son de la Administración autonómica (58,2 %), representando la local y la estatal prácticamente el mismo porcentaje (18,2 %); el resto trabajan en las universidades públicas.

A la hora de preguntarnos si son necesarios más empleados públicos en Galicia es fundamental tener en cuenta nuestra estructura poblacional. Galicia tiene ante sí un importante reto demográfico, caracterizado por un aumento sin precedentes de la longevidad y un descenso continuado de la natalidad. Esto, unido a la alta dispersión de la población, exige de una mayor atención de servicios públicos, en especial sanidad y dependencia (que dependen de la Administración autonómica), para que se puedan garantizar unas prestaciones mínimas y dignas a toda la población. No es necesario retrotraerse mucho para traer a colación lo sucedido en Verín en relación con el paritorio. Y es que, aunque un servicio público no tenga suficiente demanda, debería mantenerse por cuestiones de seguridad o de atención mínima. La actividad pública debería ir más allá de la cuenta de resultados.

Por lo tanto, los responsables políticos no solo deben tener en cuenta las cifras económicas a la hora de dotar de personal a los servicios públicos, sino que también deben cuantificar los riesgos que supone dejar de prestarlos; especialmente cuando se trata de servicios muy sensibles. El mismo argumento se puede señalar para la prestación del resto de servicios sanitarios o de atención a la dependencia. En Galicia hemos de encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica de las prestaciones públicas y la garantía de unos mínimos para toda la población, y esto se asegura, especialmente, con profesionales en los diferentes servicios.