Hechos relevantes se han podido observar en las últimas horas en el enredado panorama catalán. Relevante ha sido en la política catalana la aceptación, por la Mesa del Parlamento, de la decisión judicial que desposeía al Honorable Torra de su acta de diputado. Esa aceptación supuso un posicionamiento claro de Esquerra Republicana y del presidente del Parlamento que impidieron que Torra y otros dirigentes de JxCat continuaran su línea de desobediencia de la legalidad. Relevante ha sido la decisión de Torra de dar por concluida la legislatura, una vez que los presupuestos sean aprobados, precisamente por esa decisión de Esquerra de retirarle su condición de diputado.
Interpretable, pero también relevante, es que -según el último sondeo hecho público por el Centro de Estudios de Opinión catalán- el 61,6 % de los encuestados considera que el Ejecutivo liderado por Torra no sabe resolver los problemas que tienen en Cataluña.
Es obvio que entre los independentistas se ha establecido la ruptura, aunque quizá no signifique más que un cambio de estrategias entre los antiguos convergentes y Esquerra. O mejor decir que, mientras que Torra y sus seguidores pretenden continuar en el órdago al Estado iniciado por Artur Mas en el 2012, Esquerra busca huir de una estrategia de gobierno que provoca el rechazo de un elevado número de catalanes. Cuanto más que bajo su responsabilidad de gobierno directa está la salud, la educación y los asuntos sociales. Huida que se visualiza en la estrategia del acuerdo para la aprobación de los primeros presupuestos de Cataluña en tres años. Aprobación cuestionada hasta el último momento por los post-convergentes, debido a que tales presupuestos son fruto del trabajo del vicepresidente Aragonés y pretende obviamente capitalizarlos, que por fin serán tramitados por el Govern de Torra ya en estrategia electoral.
Mientras tanto el enredo catalán sigue dando, en su judicialización, situaciones futuras de gran complejidad. A veces incluso de asombro. Como es el caso de la testifical del coronel coordinador de las fuerzas de la seguridad del Estado en Cataluña en el juicio a Trapero y los Mossos. Vean si no: el coronel admitió que tal connivencia entre Trapero y Puigdemont, en la que había insistido, se basaba exclusivamente en su «percepción personal». Y aseguró que dado que los Mossos eran uno de esos poderes valorados por los posibles votantes del 1-O, su jefe Trapero, «que había tenido mucha repercusión pública y creo que tenía una ascendencia considerable sobre el Govern y una parte considerable de la ciudadanía, si hubiera planteado un ultimátum el referéndum no habría seguido adelante». ¿Debería por tanto Trapero haber hecho una asonada?
Y en Madrid el renacido oráculo de Aznar, entre el Majestic y el Tinell, proclamando las aviesas intenciones del Gobierno de Sánchez para un cambio de régimen. Lejos ya aquel España: La segunda transición (1994).