No sentencien a la Justicia


Cuando los partidos políticos de la derecha, el eje del apocalipsis, y los que soportan el Gobierno, especialmente los que visten de común lo que comienza a ser extraordinario (por ejemplo, una pareja de hecho sentada de derecho en un consejo de ministros y ministras) cuestionan la independencia de la Justicia están utilizando el mismo argumento que los independentistas catalanes para saltarse la ley.

La Justicia, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, no puede estar permanentemente sometida al prejuicio partidario. Las formaciones políticas prácticamente sin excepción están poniendo de actualidad una frase pronunciada por Albert Einstein hace 75 años: «¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio». Este juicio previo a la Justicia es una carga de profundidad contra el sistema democrático porque deteriora los cimientos de uno de los pilares sobre los que se asienta: la equidad que deriva del hecho de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, principio hermano del que contiene «una persona, un voto».

En pocos ámbitos queda refugio para la igualdad. El sentimiento de amparo del ciudadano de la calle frente al ejercicio arbitrario del poder es esencial para conservar la confianza en el sistema. Un «sistema» o forma de organizar la convivencia que, en contradicción con el principio socializador de garantizar el bienestar, asiste a un crecimiento acelerado de la desigualdad medida en términos económicos. La asimetría en el acceso a los recursos relativos al peculio ya hace sospechar a muchos ciudadanos que un buen abogado es la mejor forma de que la ley le dé la razón o, cuando menos, de que su peso quede aligerado en caso de que se la niegue. En este contexto, sería dramático para la salud del sistema sumar la presunción de que las sentencias están sometidas al filtro ideológico de quienes las emiten.

Un ciudadano no espera que un magistrado renuncie a sus principios ideológicos, sino que los orille cuando imparte justicia. La atribución por parte de los políticos de tendencia partidaria a los magistrados, especialmente cuando estos ejercen su función en los escalones más altos de la carrera judicial, alimenta la desconfianza hacia todos, hacia quienes proponen el nombramiento de una exministra como fiscala general del Estado y hacia quienes ponen en duda que esa persona violará el estatuto orgánico que rige su ministerio.

De la misma forma que la presunción de inocencia es un derecho básico, la presunción de Justicia es un pilar de la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Socavarlo implica dejar al pairo de los vientos la tierra donde confluyen las raíces de la libertad con el tronco de la democracia, especialmente cuando el ramaje anda escaso de frutos económicos y morales.

En consecuencia, señoras y señores de la política, por favor, recuerden que la Justicia no solo es un poder independiente, sino también una emoción democrática.

Por José Manuel Velasco Profesor de comunicación política

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