Pedro Sánchez será un digno presidente del Gobierno. Fue el más votado y ha sido capaz de armar una suma de necesidades que coincidirán en un histórico Consejo de Ministros, el primero de coalición desde la Transición. El líder socialista tiene todo el derecho del mundo a escoger a aquellos aliados con los que se sienta más seguro. Pero no es menos cierto que no parece de recibo que no se conozca el precio de los apoyos y si esa tarifa irá en menoscabo de unos españoles en beneficio de otros pocos.
Sánchez desembarcó en la Moncloa prometiendo transparencia y abjurando del plasma en el que Mariano Rajoy se refugiaba para evitar dar explicaciones. El presidente en funciones también ha intentado huir de la prensa, contestando a regañadientes en foros internacionales y saltándose incluso la tradicional rueda de prensa de fin de año, algo a lo que ni siquiera se atrevió Rajoy.
De las partes más gruesas de los acuerdos con el PNV y ERC nos hemos enterado de rebote por las filtraciones de ambos partidos, interesados en calmar a sus bases ante un acuerdo de ámbito nacional. Quizá por ello, la tribuna del Congreso es un buen sitio para que Pedro Sánchez explique a todos los españoles el coste de su investidura y las consecuencias que tendrá en la estructura del Estado.
Sánchez, que no admite preguntas de los periodistas desde el 11 de diciembre, debe aclarar en el epicentro de la soberanía nacional, en las Cortes, que no va a consentir ninguna vulneración del orden constitucional y que los sobreentendidos a los que se refieren las fuerzas independentistas -que en ningún caso representan a la totalidad de sus territorios- no servirán para agraviar a ningún español frente a otro. Vale que los cambalaches de una autovía, un hospital o un tren por un voto hayan formado parte de nuestra política desde siempre, pero ahora toca rendir cuentas y claridad. Lo que prometía Pedro Sánchez en la oposición.
