Lo más reciente: Casado dice que los jubilados somos rehenes del pacto con Esquerra. Y allá nos lleva al Constitucional, en el marco de la ofensiva legal y parlamentaria en la que dicen estar. Anoten ustedes lo de «legal». Todo para responder a la arbitrariedad de Sánchez, que ni es capaz de formar gobierno, ni encuentra socios más allá de populistas e independentistas, únicos que se aprovechan de su ansia de poder. Añadan a ello esas patrióticas y constitucionalistas declaraciones de la presidenta Ayuso, por la gracia de la ultraderecha, sobre un ministro de Hacienda etarra, o aquellas otras de Feijoo que prefiere nuevas elecciones a un gobierno de Sánchez, puede que razón última de que Casado no se abstenga. A mi entender Casado, y aquel defenestrado Rivera, tenían en sus manos desbloquear la legislatura, y por intereses dentro de las derechas no lo hicieron. Y de todo ello se ve que las derechas, ahora tripartitas, prefieren su desolación -con un gobierno de Sánchez- que la abstención.
Porque, aunque hoy no lo parezca, Rajoy en su repetición electoral tampoco logró diputados abondo para ser investido. Necesitó un PSOE que se abstuviera, el mismo PSOE hoy señalado como aliado de etarras, separatistas y populistas.
Si ante tales consignas y discursos se sorprenden lean La Aznaridad de Vázquez Montalbán, o hagan memoria si tienen edad para ello. Las derechas que pueblan nuestras instituciones y nos gobiernan, desalojadas del poder aquel marzo de 2004, no tuvieron empacho en proclamar «que se caiga España que ya la levantaremos nosotros». Tampoco en considerar que la existencia en Cataluña de «un conflicto político», como al parecer sostiene Sánchez, no es una descripción de la realidad sino una cesión -traición para algunos- para garantizarse la investidura.
Todo ello acompañado con resolver fuera de la vida parlamentaria lo que en ella no logran. Bloqueando o utilizando otros poderes e impidiendo la renovación de instituciones. O intimidando o cuestionando a los cuerpos de la administración del Estado, unos como Vox amenazando en denunciarlos ante los jueces, otros como el PP y Ciudadanos solicitando que el presidente del Gobierno «explique la posición de la Abogacía del Estado sobre las alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras». Lejos de hablar y negociar. Las derechas, en un nuevo proceso de reconversión, luego de la corrupción, sus soluciones de desigualdad ante la crisis, y el conflicto territorial sin resolver, se reivindican «constitucionalistas» y para ello acusan a los demás de traidores y delincuentes. Lo que casi lo justifica todo. Por más que los Populares busquen que Arrimadas no vuelva al centro predicado allá en 2016, ni que los jinetes de Vox desborden a la dirigencia popular de Álvarez de Toledo, García Egea, Montesinos, o del propio Casado.