Un año más Audasa anuncia una subida de sus peajes en la AP-9, mientras que el Gobierno publicita medidas para reducir e incluso eliminar los peajes en las autopistas de otras comunidades (las radiales de Madrid, la Sevilla- Cádiz o la Valencia-Alicante, etcétera). Resulta irrelevante que el IPC haya sido positivo o negativo, fruto de políticas cortoplacistas de distintos gobiernos siempre habrá en los acuerdos suscritos con Audasa un motivo para que la AP-9 suba sus peajes.
El peaje no es la única aportación que hacemos los ciudadanos a las arcas de esta compañía privada; cada año, vía presupuestos, pagamos sobre diez millones de euros para compensar el peaje en la sombra de Rande y A Barcala. Cruzar la ría hacia Cangas no es gratis como parece. Se estima que esta aportación pública superará los 200 millones de euros hasta el 2048 ( lo que costó la ampliación de Rande), pues en el propio acuerdo con Audasa ya se especifica que en los ejercicios sucesivos las cantidades del «peaje en la sombra» se verían aumentadas con el IPC y con el incremento vegetativo del tráfico, y no cabe ninguna duda que el número de usuarios sigue subiendo y se verá incrementado con la próxima apertura de la autovía a Cangas.
Es conveniente recordar que Audasa (hoy propiedad de fondos extranjeros) es titular de la AP-9 desde 1973, que después de tres ampliaciones administrativas extiende hasta los 75 años su explotación, que hasta el 2048 tendremos que seguir pagando con cargo a los Presupuestos por cruzar el puente y que uno de cada tres euros de su recaudación se convierte en beneficio.
Este encarecimiento desmedido e injustificado del peaje no solo desincentiva su uso y deriva el tráfico hacia la N-550, aumentando su congestión e incidiendo negativamente en la seguridad vial, sino que es especialmente gravoso para el transporte público, que no tienen otra alternativa a la AP-9 y no dispone de ningún tipo de bonificación o reducción del peaje, por lo que su coste comporta un incremento del 20 % del precio de un transporte de mercancías en camión y de un 10 % del precio del billete de un usuario de un autobús de transporte público entre A Coruña y Vigo.
Los grandes perjudicados, además de los empresarios del transporte público, somos en definitiva los gallegos, que tenemos el penoso honor de ser de las comunidades en las que más se paga en peajes, al igual que ocurre con el precio del gasoil.
