El caso de los ERE es un fraude monumental (por los cientos de millones de euros malversados y por las gravísimas irregularidades cometidas) en la gestión de subvenciones públicas, con la finalidad de financiar a la clientela política. Y a quienes se acaba de condenar por ello es a los responsables políticos y administrativos, pero no a los beneficiarios de las ayudas concedidas ilegalmente, que, al menos desde el punto de vista moral, deberían merecer igual reproche que los primeros.
Que esto haya podido ocurrir en una Administración pública solo se explica de una manera: por la premeditada vulneración de las normas que regulan este tipo de ayudas, tal y como revela la lectura del relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla del pasado 19 de noviembre.
Desde el 2003 hay una Ley General de Subvenciones, de aplicación en sus disposiciones básicas a todas las administraciones públicas, que sujeta el otorgamiento de aquéllas a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
En este caso, no se publicaron unas bases reguladoras de las subvenciones, ni una convocatoria para su otorgamiento, ni las resoluciones por las que se concedieron. Así, muchas de las empresas y de los trabajadores que se deberían haber beneficiado de las ayudas no tuvieron siquiera la oportunidad de concurrir a su otorgamiento. Simplemente, se dieron a dedo a quienes decidieron los responsables políticos. Y esta ausencia de todo procedimiento administrativo también llevó a que no se hiciese ninguna comprobación de que los beneficiarios de las ayudas cumplían los requisitos que justificaban su otorgamiento, ni antes ni después del libramiento de los fondos.
Dentro de las administraciones públicas existen controles internos, a cargo de funcionarios especializados, precisamente para evitar que se produzcan estas situaciones. En el caso de los ERE, los controles se activaron, pero los responsables políticos maniobraron para soslayarlos y esa es la clave de la calificación de su conducta como prevaricación, delito que comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Lo peor es que buena parte de los fondos malversados ya no se podrán recuperar, por el tiempo transcurrido.