Probablemente muchos de los lectores, igual que yo, recuerdan una Galicia en la que se podía tardar hasta 7 horas para ir de Ferrol a Vigo en coche, y recordarán también las interminables colas que se formaban en Tui y en Valença para poder hacer algunas compras al otro lado de la raia, cruzando el estrecho puente metálico compartido con el ferrocarril sobre el Miño. Afortunadamente, el desarrollo de las infraestructuras viarias y, no lo olvidemos, nuestra común pertenencia a la Unión Europea, hace que podamos cruzar la frontera sin mayor dificultad beneficiándonos todos, portugueses y españoles, de esta facilidad inimaginable cuando traer unas toallas y algo de café de Valença nos costaba un día entero.
Esta situación, tan lejana en el tiempo, tan del siglo pasado, se hace realidad en un ámbito diferente pero también estratégico para el desarrollo y el progreso de un país: el suministro eléctrico. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, España, junto con Portugal, sigue siendo virtualmente una isla eléctrica frente al resto de Europa.
Las peculiares condiciones geográficas de la península ibérica limitan nuestras posibilidades de disponer de un sistema eléctrico interconectado con el centro de Europa, esencial para la seguridad y calidad del suministro. Los enlaces eléctricos entre países son vitales porque garantizan una energía sostenible y más asequible para todos. Por un lado, permiten acceder a energía eléctrica a un precio más barato, con independencia de en qué país se produzca, y, por otro, contribuyen a la integración de las energías renovables, ya que evitan su desaprovechamiento por falta de demanda local, ya que otros países pueden aprovechar los excedentes de fuentes limpias y generalmente baratas.
Consciente de estos beneficios, la Unión Europea se marcó hace tiempo la prioridad de reforzar las interconexiones entre sus estados miembros para hacer posible el llamado Mercado Europeo de la Energía. Volviendo a la comparación del principio, cruce del río Miño con la A-55 -interconexiones- y eliminación de los puestos de aduana -mercado único-. Y en el ámbito eléctrico España y Portugal también se pusieron manos a la obra y llevan años trabajando con este fin. En la actualidad existen 11 líneas que cruzan la frontera hispanoportuguesa, cuya construcción y mantenimiento es responsabilidad de Red Eléctrica de España, el operador y transportista del sistema eléctrico español, y de Redes Energéticas Nacionais (REN), su homólogo portugués. De estas líneas, tres parten de Galicia, aunque bien es cierto que una de ellas sigue perfectamente la analogía con el vetusto puente de Tui y las otras dos se podrían asemejar a las dos calzadas de la A-55.
Este escenario de buena conexión con la vecina Portugal para las actuales necesidades eléctricas de ambos países no se replica en el caso de Francia, verdaderamente esencial para la seguridad del suministro de nuestro país. El nivel de interconexión con la red centroeuropea a través del país galo, de donde es posible obtener el mayor respaldo en caso de necesidad y la mayor posibilidad de aprovechamiento de la energía renovable ibérica en momentos de elevada producción, representa algo menos del 3 % de la potencia de generación instalada en España, una cifra aún muy lejana a la meta marcada por la Unión Europea, que es del 15 % para el 2030.
España alcanzó este nivel de interconexión en el 2015, cuando Red Eléctrica y Reseau de Transport d’Électricité (RTE) pusieron en servicio el enlace que une Santa Llogaia (Gerona) y Baixàs (Rosellón). Cuatro años después, este refuerzo de la interconexión ha duplicado los intercambios de energía entre ambos países, lo que ha permitido un ahorro de más de 500 millones de euros para los consumidores españoles a lo largo de estos cuatro años, a la vez que facilita el despliegue renovable en la península ibérica.
Esta experiencia demuestra con hechos que el futuro de nuestra seguridad del suministro y de una energía eléctrica cada vez más económica pasa necesariamente por el refuerzo de nuestros enlaces con la red continental europea a través de Francia. Sin duda, uno de los factores clave en una transición energética justa para todos los ciudadanos.