Cualquier gobernante democrático sabe que los plebiscitos solo deben convocarse desde el poder si se tiene la seguridad de ganarlos, porque cuando se pierden la única salida digna es la dimisión. Ahí está el caso reciente del ex primer ministro británico David Cameron, que disponiendo de la mayoría se fue silbando de Downing Street después de perder su temeraria apuesta de plantear un referendo sobre el brexit defendiendo la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea sin tener garantizada la victoria. En España, Pedro Sánchez planteó estas elecciones como un plebiscito. Siendo presidente en funciones y teniendo no una, sino dos opciones de gobernar, prefirió forzar unos nuevos comicios pidiendo a los españoles que le dieran más poder para garantizarle la presidencia sin ceder a las presiones de Unidas Podemos y sin depender de los independentistas. Por si había dudas, llegó a decir que el 10-N no se votaban «políticas», sino si se le daba o no más poder para gobernar. En esos términos plebiscitarios, bastaba que consiguiera un voto o un escaño menos de los que tenía para que tuviera que asumir su responsabilidad, como la ha asumido Albert Rivera ante un cantado y estrepitoso descalabro cuando hace siete meses tenía en su mano ser vicepresidente.
En el caso de Sánchez, su fracaso se agrava porque su ambición desmedida no solo le ha debilitado personalmente y ha perjudicado a su partido, sino que ha sumido a España en una situación mucho peor que la que existía en abril; ha reforzado a los independentistas; ha catapultado a Vox y ha permitido que una fuerza como la CUP entre en el Congreso. Pese a su sonrisa forzada y a mantener el discurso triunfalista como si nada hubiera ocurrido, Sánchez sabe que ha perdido el plebiscito y que es ahora mucho más débil que en abril, porque los españoles, lejos de darle el aval que pedía, le han quitado 750.000 votos. En cualquier país de nuestro entorno, ese fracaso se saldaría con la renuncia para facilitar la gobernabilidad.
Pero, con el endiablado tablero político que dibuja el 10-N, también en cualquier país europeo la formación de un Gobierno de coalición entre la socialdemocracia y el centroderecha sería un hecho. Buscar cualquier otra solución conduciría a la aberrante tesitura de dejar el futuro y la gobernabilidad del país en manos de unas fuerzas independentistas que acaban de protagonizar un ataque frontal al Estado de derecho, cuyos líderes son unos delincuentes condenados a muchos años de cárcel y que aseguran además que lo volverían a hacer. España gobernada por la antiespaña sería ya el epílogo grotesco a uno de los períodos más negros de nuestra historia democrática.
Tras cuatro años de fracaso político, existe sin embargo la oportunidad de enderezar el rumbo con una gran coalición que sumaría 208 escaños, tendría fuerza y legitimidad para afrontar el desafío independentista y mayoría suficiente para aplicar las reformas económicas necesarias. Pero para conseguirla se necesitarían renuncias y generosidad. Hombres de Estado, al fin. Y no está claro que dispongamos de ellos.