Cataluña, Torra y sus rectores


«Desfachatado, desvergonzado». Eso es un atorrante según una de las acepciones del vocablo en la última edición del Diccionario de la Lengua. Quizá en la próxima cabría incluir otra adicional: «Dícese del seguidor de los postulados de Quim Torra en contra del cumplimiento de las leyes y del acatamiento a las sentencias judiciales».

Dentro de tal categoría se encuentran hoy los rectores de las universidades catalanas que, como elefante en cacharrería, han entrado en el alucinado debate que está devastando a Cataluña. El pistoletazo de salida de lo que es ya una loca carrera de dislates lo dio a finales de octubre el claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) aprobando un manifiesto en el que, tras mostrar su repulsa a la sentencia del procés, se condenaba la llamada «violencia policial», se exigía la liberación de unos supuestos «presos políticos», se acusaba gratuitamente al Estado de haber forzado las leyes para condenarlos y se reclamaba para el pueblo catalán un derecho que no reconoce ninguna Constitución democrática del mundo: el de autodeterminación.

Las restantes universidades de Cataluña fueron uniéndose al dislate, requiriendo además, algunas otras, cosas más que pintorescas en una institución educativa: la de Gerona y la Politécnica de Cataluña exigieron una ley de amnistía y la de Lérida declaró personas non grata al rey y al juez Marchena.

Los equipos de gobierno de varias universidades catalanas decidieron, además, cambiar el sistema de evaluación de sus alumnos para facilitar que los que son separatistas puedan asistir a las manifestaciones contra la sentencia del procés (unos nuevos aprobados patrióticos, como los de la Universidad del País Vasco en tiempos de kale borroka), aunque no se sabe que ninguno de los rectores haya hecho nada para que los que alumnos no independentistas puedan asistir a clases con normalidad, pese al violento cierre de las aulas impuesto por los radicales. Como puede verse, todo muy universitario y muy respetuoso con la legalidad que los gobernantes de la universidad están obligados a cumplir y a hacer cumplir.

Pero no se trata solo de que el delirio político sectario se haya adueñado de los gobiernos de las universidades de Cataluña. La cosa va mucho más allá, pues, tal y como se denunciaba en un manifiesto que hemos firmado más de mil profesores universitarios de toda España, «los órganos de gobierno de nuestras universidades están conformados por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios que en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas y que carecen por tanto de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan».

Los rectores catalanes han cometido un fraude en toda regla al apropiarse un poder que no les pertenece, lo que, desgraciadamente, viene siendo en los últimos años un mal que se extiende por toda Cataluña.

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