Les dejo con sus reflexiones sobre la sentencia, acompañados o no de las opiniones que pretenden llevar el agua a su molino en la calificación de los hechos por los que dirigentes políticos han sido juzgados. Pero si desean elegir un paradigma del «donde dije digo, digo Diego», les recomiendo lean la posición ante la sentencia de uno de los mártires del Gobierno de Pedro Sánchez, Edmundo Bal, abogado del Estado y diputado de Ciudadanos. En sentido contrario pueden acudir a la crónica en La Voz de Galicia sobre la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey. Quizá situarse ante la realidad con esas dos perspectivas les resulte suficiente para hacerse una idea cabal de un juicio, unos jueces y unos condenados. La sentencia seguirá su curso, en su cumplimiento y en sus recursos, pero el conflicto en Cataluña y con Cataluña continúa.
La sentencia establece lo que sabíamos: aprobar leyes inconstitucionales, desobedecer normas constitucionales o proclamar la independencia, aunque sea sin efecto, solo conduce a profundizar en la fractura social, porque una mitad de Cataluña no puede imponer sus ideas a la otra mitad. La sentencia y su cumplimiento tienen que ver con que la libertad es para todos o no es libertad. Y con la libertad colisionaban las leyes secesionistas del 2017, tan olvidadas ellas pero en las que el independentismo definía un modelo de país con democracia adulterada. En respuesta a la sentencia las organizaciones independentistas ANC y Òmnium han convocado marchas por la libertad, buscando según ellos un paralelismo con la marcha sobre Washington o la marcha hindú de la sal. Marchas al parecer pacíficas, con seis consejeros y el presidente Torra a la cabeza.
Después de la sentencia, que a tantos incomoda, es necesario responder a quienes al amparo de convocatorias pacificas utilizaron la violencia en la calle, «Barcelona arde», para romper la convivencia. Algunos dirigentes independentistas, los líderes condenados por el Tribunal Supremo e incluso Puigdemont y el autollamado Tsunami Democràtic, han rechazado ya la violencia perpetrada. Falta el pronunciamiento del Gobierno catalán frente a la violencia y las actividades de los Comités de Defensa de la República o del clandestino Tsunami. Falta sobre todo la condena de la violencia del presidente Torra, activista y gobernante al tiempo, que ponga límites a ese «género Torra» -como lo define Enric Juliana-, donde verdad e impostura se confunden. Los actos violentos sucedidos hace horas en Cataluña interpelan a la Generalitat, y a los partidos que la sostienen, sobre la empatía proclamada por la portavoz del Gobierno catalán «con acciones pacíficas pero también contundentes como el colapso de El Prat». Hasta ahora el independentismo se reivindicaba pacifista, también demócrata, pero lamentablemente con la sentencia y su contestación se ha trufado de una «pacifica violencia». Que el presidente Torra no condena. Dice que están con el pueblo. ¿Cuál?
