El estado (real) de nuestra autonomía


Retraída por la acción de políticos acomplejados, poetas llorones y empresarios descastados, la Galicia que entró en 1977 en democracia sentía una indisimulada admiración y, aún sana envidia, por el resto España y, sobre todo, por el País Vasco y Cataluña. Cuarenta años después, y gracias sobre todo al esfuerzo de una sociedad que ha combinado sabiamente paciencia (que no es ni de lejos conformismo) y reivindicación, que ha sabido hacer compatible el orgullo de lo propio y la sincera participación en lo común, que habla con igual normalidad gallego y castellano, y que, en fin, se siente reconciliada consigo misma, son los otros (también los catalanes y los vascos no nacionalistas) los que admiran a Galicia por su estabilidad y sus avances.

Frente al caos de la política española en general -y de la catalana en particular- en Galicia ha prevalecido la gobernabilidad, aunque ese sea, también, el principal desafío al que hoy se enfrenta nuestra hiperatomizada oposición si aspira a hacer efectiva la alternancia. La Galicia autonómica, con la Xunta al frente, ha toreado una crítica e imparable contracción presupuestaria manteniendo en lo esencial los servicios públicos autonómicos, respetando las reglas de gasto establecidas y sin que se endeude más de lo prudente una administración que es de todos y no de quienes tienen el deber de gestionarla.

Esa Galicia estable y bien gobernada en un contexto de ingobernabilidad general y trágico desastre en Cataluña es también la de las empresas admiradas en todo el mundo (Inditex) y la de las que, no tan conocidas, venden en España y exportan fuera, con un saldo comercial que registró un superávit de 4.500 millones de euros en 2017, cuando, con 21.676 millones, las exportaciones alcanzaron una cifra nunca vista. Es la Galicia de la producción audiovisual competitiva y la que ha colocado a La Voz en el lugar de cuarto diario nacional en una comunidad con 2.700.00 habitantes, solo por detrás de dos diarios de Madrid (6.640.705 habitantes) y uno de Cataluña (7.565.099).

Es verdad, claro, que tenemos problemas: desde la aguda crisis demográfica o la pérdida de peso del sector industrial hasta la interminable finalización del AVE, pasando por la financiación, el cobro efectivo de los fondos que el Estado nos adeuda o el retraso en consolidar como merece a un personal sanitario de calidad excepcional.

De todo ello se habló en el reciente debate sobre el Estado de la autonomía, en el que, más allá de las legítimas discrepancias que definen a todas las sociedades democráticas, los partidos, pese a la clara situación preelectoral en la que estamos, fueron capaces de llegar a acuerdos generales o parciales que ponen de relieve que en Galicia siguen tendidos muchos puentes que fuera se han dinamitado. Esa aceptable concordia y la gobernabilidad definen, de hecho, el estado real de nuestra autonomía. Un patrimonio que sería una irresponsabilidad dilapidar.

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