La momia de Franco saldrá del Valle de los Caídos y en ningún caso será enterrada en la cripta de la Almudena. El Supremo lo acordó en poco menos de una hora y por unanimidad. El fallo anticipa, a la espera de los fundamentos jurídicos de la sentencia, que la decisión del Gobierno se ajusta a derecho. De no ajustarse, de vencer la familia del dictador en esta decisiva disputa legal, habría que cambiar el derecho. O, en caso de que el problema de ajuste no fuese el derecho sino sus intérpretes, enviar a los jueces a un cursillo de reciclaje democrático.
Esta no era ni es una batalla de Pedro Sánchez contra el fantasma de Franco. Se dirimía en realidad si prevalecía la voluntad de los españoles, reiteradamente expresada en el Congreso y plasmada en la ley de memoria histórica, o se imponían los intereses espurios de la familia del dictador. El Estado, en su afán por corregir una eiva histórica, contra la familia del dictador, dispuesta a impedirlo sin pararse en barras ni argucias legales.
Retirar la momia del Valle de los Caídos constituye un acto de higiene democrática. Que don Manuel Azaña permanezca olvidado en una tumba del exilio y el golpista que se alzó contra la República ocupe un mausoleo público supone una anomalía democrática. Que el dictador que desató una feroz represión y firmó sentencias de muerte hasta el final de sus días descanse sobre los huesos de sus víctimas supone una paradoja repulsiva. Que miles de paseados permanezcan aún enterrados en cunetas y fosas comunes, mientras los nietos de Franco exigen enterrar la momia en un lugar de culto para los nostálgicos del fascismo produce aversión e indignación a partes iguales.
Están en su derecho, dicen. Cierto. Ahí reside la grandeza de la democracia: garantizar los derechos individuales de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que rechazan el sistema y tratan de minarlo, herederos y añorantes de quien extirpó las libertades y los derechos. Pero la democracia también tiene el derecho de defenderse, de imponer la voluntad mayoritaria expresada en la ley, y el deber de no entregarse, cautiva y desarmada, a las tropas del generalísimo momificado.
Dirán que la familia del dictador solo pretende, como cualquier hijo de vecino, enterrar a su muerto donde le plazca. Derecho legítimo y establecido en la ley, alegan. Niego la mayor. Toda la batería de recursos y obstáculos esgrimidos para impedir la exhumación de los restos o, alternativamente, inhumarlos en la catedral de la Almudena, nada tiene que ver con el propósito que guiaría a una familia «normal». Tampoco con las últimas voluntades del difunto. El rechazo a trasladar la momia al cementerio de Mingorrubio resulta significativo. Allí, cerca del palacio de El Pardo donde Franco rubricaba sus sentencias, está el panteón donde reposan los restos de su esposa, Carmen Polo, y de su única hija. Y a dos pasos, las tumbas de Luis Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro, sus dos únicos ministros con rango de presidente. ¿Acaso a los nietos les desagrada esa compañía?
