De clientes y banqueros


Más allá de la cuita jurídica, parece razonable la argumentación del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el uso presuntamente opaco del índice hipotecario español IRPH. Incluso me atrevería a opinar que, en los últimos lustros, y al igual que se ha acreditado con otros productos, tampoco en este caso las estrategias de comercialización bancaria han estado presididas por la pedagogía financiera.

Ahora bien, que sea razonable no lo hace necesariamente culpable, ya que también es cierto que las autoridades de supervisión financiera nacionales no fueron ajenas a ello, y tan cierto como que las autoridades judiciales españolas no objetaron nada antes. Y es que como decía mi profesor de filosofía en el colegio, todo retrospectivamente parece tan obvio como inescrutable antes de haber ocurrido. Y tampoco en este caso nadie levantó la mano a tiempo.

Tenemos sobre la mesa, así, la controversia entre la seguridad jurídica de una actividad tan imprescindible y sistémica como la bancaria, y la mesura subjetiva de hasta donde llega el derecho a la información de sus clientes. También, en última instancia, quien es el árbitro fiable de todo ello.

Tan verdad es que no se puede abusar de la asimetría de información por parte de las entidades, como que no se puede pretender voluble el marco interpretativo de su actividad. Ello, salvo que queramos añadir dificultades adicionales y de difícil reversión en el acceso al crédito por parte de nuestros agentes económicos. Máxime en un entorno de incertidumbre macroeconómica creciente.

En definitiva, por muy políticamente incorrecto que sea decirlo, tan legítimo es el hartazgo de los consumidores como el de los banqueros. Porque más allá de tópicos, no es ni material ni moralmente legítimo repercutir el coste de la curva de aprendizaje de toda una sociedad sobre un sector económico concreto, por antipático que resulte a unos u otros. Y si quien legisla o juzga pasa a considerarlo así, debiera blindar también el riesgo de las empresas financieras, y exigir responsabilidades personales por la deficitaria supervisión.

Como siempre, y como en todos los problemas, el sentido común brinda la solución. Bastaría imprimir garantías a futuro sin efecto retroactivo, para ahorrarnos un susto que, sea de 7.000 o de 40.000 millones, no estamos listos para asumir en nuestro mercado financiero.

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Por David Carro Presidente de IFFE Business School

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