Un elemento común define los posibles desenlaces que se vislumbran a la grave crisis de gobernabilidad que España atraviesa desde hace muchos meses: todos son muy malos.
El primero -ese que un día Rubalcaba calificó como gobierno Frankenstein- sigue enfrentando a garrotazos a Podemos y el PSOE, cada uno de los cuales tiene motivos para sostener su posición. Los socialistas argumentan, con razón, que la desconfianza que hoy domina las relaciones entre las dos fuerzas de la izquierda hace inviable un gobierno de coalición. Podemos defiende, también con argumentos de peso, que su presencia en el Congreso le otorga el derecho a exigir, a cambio de apoyar a Sánchez, su entrada en el Ejecutivo. Pase lo que pase finalmente, no es difícil concluir que, de llegar a constituirse, ese gobierno de coalición sería totalmente incapaz de impulsar políticas coherentes para hacer frente a los principales problemas del país: el de Cataluña y el derivado de la ya evidente desaceleración de nuestra economía.
El PSOE exige a Podemos que apoye la investidura a cambio de negociar las 300 propuestas que la próxima semana se sacará de la chistera, alternativa que los de Iglesias rechazan, desde hace semanas, de forma radical. Es posible, claro, que Podemos, sin asumir ningún compromiso de futuro, permita, in extremis, la investidura de Sánchez con el único objetivo de evitar unas elecciones de las que el partido morado saldría trasquilado según todas las encuestas. Sería esa, sin embargo, una investidura en precario que desembocaría, antes o después, en un anticipo electoral. El PSOE pudo comprobar la semana pasada, en el pleno de control sobre el Open Arms, el alto precio de la completa soledad parlamentaria que significa ser mayoría minoritaria en un Congreso donde las bofetadas vuelan desde todas las esquinas de la Cámara.
La alternativa a esa galopante ingobernabilidad, que sin duda empeoraría la situación económica y facilitaría que los insurrectos catalanes volviesen a las andadas, es que las elecciones en lugar de celebrarse dentro de un año o un año y medio tengan lugar el 10 de noviembre. Y digo la alternativa y no la solución, porque a día de hoy ni una sola encuesta prevé que el Congreso que saliese de esos comicios inmediatos fuese a estar en condiciones de poner fin a la tormenta perfecta que caracteriza a la actual situación política española.
Confundiendo las churras con las merinas (o, peor aun, con Las Meninas) no pocos españoles creyeron -o creen aun- que era una gran conquista democrática acabar con el sistema de partidos que había garantizado la gobernabilidad y la estabilidad de España durante cerca de cuatro décadas y había impulsado el mayor avance del país en menos tiempo de toda nuestra historia. Su inmenso error está a la vista, aunque salir del presente atolladero exigirá ahora un esfuerzo titánico para, más o menos, volver a donde estábamos.