Una prueba necesaria, pero no exenta de problemas


La realización de una prueba que delimite quiénes son los que deben continuar su formación en la Universidad supone una enorme presión, no solo para el alumnado sino también para sus familias y profesorado, debido a la enorme carga curricular, la concentración de los exámenes en menos de tres días y lo esencial que es aprobar en la convocatoria ordinaria para acceder a la carrera deseada. Sin embargo es fundamental su realización por la necesidad de unificar criterios, tanto en lo que se refiere a los conocimientos o aptitudes mínimas que permitan al alumnado afrontar los estudios universitarios con garantías, como en lo que afecta al control del nivel de exigencia de los centros.

Partiendo de esta premisa podemos barajar la opción de optar por una prueba de acceso fundamentalmente memorística, o decantarnos por otra que suponga aplicar el razonamiento sobre los conocimientos adquiridos, o, quizá, por aquella que mida la madurez del alumnado poniendo a prueba su comprensión y sentido crítico, que se completaría con la realización de una parte específica organizada según las diferentes ramas universitarias.

Es un debate que venimos escuchando desde siempre y que no se puede resolver en unas líneas. Los cambios legislativos sufridos en la última década responden a la necesidad de adecuar la prueba a las demandas y objetivos de una sociedad del siglo XXI incorporando unas materias específicas que ponderan el acceso a algunas carreras con notas de corte, pero no hay que olvidar que la formación integral del alumnado debe ser algo esencial.

Además es importante analizar la gran diferencia en el nivel de dificultad y exigencia que existe entre comunidades autónomas, lo que ha supuesto que los resultados sean muy desequilibrados, saliendo los gallegos, entre otros, mal parados. Teniendo en cuenta que nuestro alumnado accede a universidades de todo el país es evidente que lo harían en clara desventaja. Por este motivo es fundamental la realización de una prueba única para toda España que garantice la igualdad de oportunidades.

La problemática de esta disparidad de pruebas de acceso pone en evidencia, una vez más, un sistema educativo sujeto a vaivenes políticos y coyunturales que perjudica gravemente la labor docente y, en consecuencia, la formación de futuras generaciones.

Por Isabel Ruso Presidenta de la Asociación de Directores de IES de Galicia (Addiga)

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