Anoté su nombre esta semana en la lista de personas para seguir. Se llama Jody Wilson-Raybould y fue durante cuatro años ministra -la primera indígena- de Justicia y fiscal general del guapo y progresista Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Resulta que allá por el 2015 se abrió una investigación a la multinacional con sede en Montreal, SNC-Lavalin, una potente empresa de ingeniería y construcción. El asunto, que afectaba también a una filial, se refería a acusaciones de corrupción y fraude: sobornos a autoridades libias por valor de casi 50 millones de dólares y fraudes varios que alcanzaban otros 130. La investigación avanzó hasta un punto en el que solo cabían dos opciones: ir a un juicio que, sin duda posible, terminaría mal para la empresa o llegar a un acuerdo extrajudicial. Como es lógico, la multinacional movió todas las piezas, porque si iban a juicio y los condenaban, quedarían inhabilitados para contratar en Canadá durante 10 años.
Total, que las presiones funcionaron hasta llegar a Wilson-Rayboud, que como fiscal general gozaba de total independencia y se negó al acuerdo extrajudicial. Lo siguiente: Trudeau la destituyó y le dio un ministerio menor. Muchos imaginaban por qué, pero ella no quiso hablar, obligada por varios secretos profesionales. Trudeau aprovechó ese silencio forzoso para decir que ella le apoyaba y que por eso seguía en el Gobierno. Lo dijo el día 11. Wilson-Raybould dimitió el 12.
La liberaron del obligado secreto -aunque solo en parte- y el miércoles, en la comisión de justicia de los Comunes, habló con inesperada claridad, sin ahorrar nombres, fechas y mensajes que comprometen a Trudeau y a su equipo. He ahí una mujer.
@pacosanchez