Es de justicia que un acusado tenga derecho a mentir. Después de todo, la carga de la prueba recae siempre sobre la acusación. Pero reconocerles el derecho a mentir no conlleva que nos creamos sus mentiras. Ni es un juicio político ni es una causa general al independentismo. En España se puede ser independentista, se puede defender públicamente y hasta se puede convertirlo en causa en las instituciones. De hecho, hay un presidente que lo proclama cada día. Lo que no puede hacer nadie es ignorar la legalidad, actuar contra ella y, por si fuera poco, hacerlo desviando recursos públicos y prevaliéndose del poder que le han otorgado los ciudadanos. Los hechos son los hechos. Quién sea responsable y la calificación jurídica de los mismos lo decidirá el tribunal a la vista de lo que las acusaciones sean capaces de probar. El derecho a un juicio justo es fundamento esencial de una sociedad democrática. Más allá de reproches concretos a los que nadie es ajeno, porque hay cuestiones que siempre son controvertibles, la Justicia española admite la comparación con la de cualquier otro país. Se pueden debatir determinadas decisiones, pero que en ningún caso han violado el derecho de defensa. Si alguien parece limitar la defensa son los abogados que han optado por las soflamas políticas en lugar de afianzar los argumentos jurídicos. Con ello quizás ganen votos en la calle, pero no están en un mitin, sino en un juicio, y si se equivocan de escenario pueden hacer un flaco favor a sus clientes.