La única institución que parece ser coherente es el Tribunal Supremo. Los que van a ser juzgados y sus terminales políticas pidieron media docena de observadores internacionales, y el señor Lesmes respondió: no tendrán ustedes seis; tendrán miles de millones, todos aquellos que quieran seguir la vista en cualquier lugar del mundo, porque será retransmitida en directo por streaming. Al mismo tiempo que ese acontecimiento judicial se hace visible, se está creando una mesa de partidos políticos para hablar del futuro de Cataluña. El Gobierno acepta que en ella haya un observador -también se le llamó ‘mediador’- con la misión de coordinar las reuniones, convocar a los asistentes, tomar nota de lo hablado y comunicarlo a la sociedad, como corresponde a un ‘relator’, que así lo calificó Carmen Calvo.
La idea de una mesa de partidos tiene una ventaja: mejor hablar entre todos que andar dándose tortazos en los medios de comunicación. La propuesta de tener un relator (¿lo consideramos portavoz?) tampoco es condenable: sería un agente de transparencia y quizá resulte inevitable, dada la prodigiosa capacidad de manipulación partidista de los llamados a reunirse. Pero la clave está en otra cosa: en el objetivo de tal Mesa. ¿Será para consensuar la fórmula de autodeterminación de Cataluña? ¿No se contempla lo ofrecido por Pedro Sánchez, un Estatuto con mejora del autogobierno, pero dentro de la unidad nacional? ¿Deben estar todos los partidos con representación parlamentaria en Cataluña o solo los no vetados por los independentistas? Dicho más claramente: ¿Ciudadanos va a ser invitado a sentarse en esa mesa? Si no se invita al ganador de las elecciones catalanas, mal asoma el experimento.
Dos cosas más. La primera, que no parece de recibo que la mesa de partidos tenga que ser una condición para retirar las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos que presentan ERC y el PDECat. Eso se aproxima a un chantaje que difícilmente se puede aceptar. No solo se trata de poner un condicionante de sumandos que no tienen nada que ver entre sí, sino que la continuidad de un gobierno no puede depender de los antojos de unos grupos políticos que, encima, solo representan a la mitad de Cataluña.
Y la segunda, que la mesa de partidos ya existe en los parlamentos. En el catalán y el español. Ambos están concebidos justamente para eso: para debatir, para decidir normas y horizontes políticos y con posibilidad de retransmisión en directo, sin necesidad de ningún relator. Si se les arrebata esa función, es que se busca el oscurantismo del diálogo, por mucho relator que tenga, o se está asestando un golpe a las instituciones.