Jueces y partidos: agua y aceite


La renuncia, ayer, del juez Manuel Marchena a prestarse finalmente a la vergonzosa componenda negociada para el próximo Consejo General del Poder Judicial por el PSOE, Podemos y el PP es una buena noticia para la Justicia e, inevitablemente, una patada en la cara a las tres fuerzas en esta ocasión juramentadas en el trato.

De hecho, ha sido la escandalosa forma de actuar de los partidos desde que el Consejo fue creado por la Constitución -su voracidad de poder, incluso allí donde el espíritu partidista no debería penetrar- la que, con el transcurso del tiempo, ha generado una amplia percepción social: que ese novedoso órgano estatal se habría convertido en una finca de la entera propiedad de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.

La nefasta traducción de esa política de spoils system (sistema de botín) está a la vista: por culpa, aunque en muy distinto grado -pues diferente era su fuerza- del PSOE, el PP, CiU, PNV e IU, a los que se ha unido ahora Podemos con su cara dura habitual, el Consejo se ha convertido a los ojos de millones de españoles en una especie de parlamento judicial. Y aunque, en términos generales, la política de reparto partidista de sus miembros no ha impedido al Consejo cumplir cabalmente sus funciones en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, debido a la creciente sujeción de sus decisiones a los criterios fijados en las leyes, no es menos cierto que su imagen se ha ido deteriorando hasta el punto de causar un grave daño a la Justicia y, por tanto, a la importantísima, e imprescindible, labor que los jueces y magistrados desarrollan en España, como en cualquier otro Estado de Derecho.

Pues la pura verdad es que, contra lo que piensan muchos españoles, y denuncian ahora los partidos nacionalistas y ¡Podemos! por tan espurios como bien conocidos intereses, el poder judicial no solo no es en España menos independiente que en los países de nuestro entorno, sino que lo es incluso más que en algunas democracias donde los jueces no se seleccionan por mérito y capacidad, como en España, sino por elección. Basta saber algo del asunto para no sostener varias de las tonterías que se leen y se escuchan a diario.

Ello no impide, por supuesto, que la noticia salte cuando el niño muerde al perro y no al revés. Por eso no está de más recordar el trabajo bien hecho de los más de 5.600 los jueces y magistrados existentes en España en la actualidad, quienes pese a la nefasta imagen que proyecta su órgano de gobierno -ese CGPJ de nuestros dolores- resolvieron ¡seis millones! de asuntos en 2016. Pese a las muchas mejoras que sin duda necesita nuestra administración de justicia, tal dato dice mucho más sobre su real funcionamiento que los follones recurrente a cuenta de la renovación de un órgano que los partidos han hundido por su voracidad irresponsable de poder.

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