La reacción de cualquier demócrata debería ser alegrarse de que, por fin, los restos de Franco vayan a ser exhumados del Valle de los Caídos. A todo demócrata le tendría que repugnar que el dictador esté aún enterrado en un mausoleo donde se le rinde homenaje, lo que representa no solo una anomalía impensable en los países de nuestro entorno, sino también una afrenta a las víctimas de la Guerra Civil, enterradas allí sin consentimiento de sus familias en una inmensa fosa común. Eso es lo fundamental, el punto final a ese oprobio, sobre el que debería haber un consenso de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, el PP y Ciudadanos, que, obviamente son partidos democráticos, no han mostrado ninguna alegría, sino todo lo contrario, incomodidad, malestar, rechazo. Ellos sabrán por qué. Han dado una serie de excusas patéticas para oponerse, dicen, a la forma en que el Gobierno lo va a hacer, el decreto-ley. Aducen que no es un asunto urgente -¿esperamos otros 43 años?- ni prioritario -se pueden hacer varias cosas a la vez- , reabre heridas -como si estuvieran cerradas con decenas de miles de personas en las fosas-, y enfrenta a los españoles -¿cómo es posible si a la vez aseveran que Franco ya no interesa a nadie?-. Al mantener esta posición, en lugar de sumarse a lo que es una decisión de reparación y justicia histórica y zanjar el asunto, han caído en la trampa que les ha tendido hábilmente Pedro Sánchez. Porque sacar al dictador de su tumba también forma parte de la campaña electoral que lleva a cabo desde que llegó a la Moncloa. Lo reafirma ante su electorado, le proporciona votos por la izquierda y le permite retratar, de forma grosera pero eficaz, al PP y Ciudadanos en la extrema derecha.

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Punto final a un oprobio