Desde su constitución colaboro como asesor jurídico con la Asociación Galega de Pais e Nais Separados. Los gallegos quizás no sepan de la heroicidad de este colectivo de hombres y mujeres que llevan lustros luchando por el derecho a que, una vez rota una pareja, tanto el padre como la madre puedan seguir conviviendo en igualdad con sus hijos.
Paso a paso, concentración tras concentración, han logrado sensibilizar a una sociedad y a unos jueces que tiempo atrás no estaban por la labor de ese modernismo llamado custodia compartida. Tras muchos éxitos, el Parlamento gallego les acaba de tumbar la iniciativa legislativa popular para regular en Galicia esta figura. ¿El motivo? Nuestra comunidad autónoma carece de competencias para legislar en esta materia.
Por todo ello fácilmente se deduce que para este viaje no hacían falta tales alforjas. ¿No se han creado falsas expectativas a un colectivo tan amplio? La respuesta es un sí rotundo, pero la política se construye a base de no dejar jamás las cosas claras.
Si quieren ayudar a tanto padre desesperado por no poder criar a sus hijos en condiciones dignas y obligando a sus vástagos a visitarlos cada quince días como si sus padres estuvieran en la cárcel, los poderes públicos gallegos, cuando menos, tendrían que presionar en Madrid para que la custodia compartida sea la norma general y no excepcional.
Galicia no se escapa de este grave problema que tiene pendiente de resolver.