Mientras planificamos o ya disfrutamos de nuestras vacaciones estivales, conscientes de la crisis humana que está convirtiendo a nuestras costas en el coladero de la inmigración ilegal y de que el debate en Europa no ha hecho sino empezar gracias a la negativa de los italianos a acoger más barcos, la amenaza de los ataques terroristas se cierne sobre nuestras cabezas como una nube aparentemente inofensiva que aguarda al más leve cambio atmosférico para dejar caer sobre nuestras cabezas su carga explosiva.
A más de seis mil kilómetros de distancia se sigue desarrollando una batalla para acabar con los últimos rescoldos de la llama incendiaria de Daesh, que en cualquier momento se pueden reavivar, como hace unos días, cuando en una carretera al norte de Bagdad aparecieron los cuerpos sin vida de ocho cautivos. El primer ministro iraquí, Haidar al Abadi no ha dudado en ordenar la ejecución inmediata de las condenas a muerte de una docena de miembros de Daesh. No puede extrañarnos que en la cuna de la ley del «ojo por ojo, diente por diente» y en un país donde la justicia es, cuando menos, dudosa en cuanto al respeto de los derechos procesales de los acusados, una orden de este tipo se haya llevado a cabo sin pestañear. Puede que la apariencia de legalidad se haya mantenido, pero se trata de un acto de venganza.
Una venganza que no puede entenderse como reacción a la aparición de esos ocho cadáveres, sino en un marco más amplio. Daesh arrasó el tercio norte de Irak, derribando hasta los cimientos la segunda ciudad más importante del país: Mosul. El coste de la reconstrucción se estima en unos 90.000 millones de dólares, la recuperación de la sociedad no puede calcularse porque el terror, como se ha visto y sufrido, sigue presente y puede golpear en cualquier momento, tanto allí como aquí.