Se produjo la investidura de Quim Torra como el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, al tiempo que interlocutor de Carles Puigdemont con el Estado español. Algo que no se comprende en Madrid es el respeto a los representantes legítimos de Cataluña, porque su comunidad es de nueva planta y no transmite emoción alguna, menos aún valores positivos a las personas. La declaración de intenciones de Torra subraya la determinación secesionista de su administración y las primeras reacciones de la otra parte han configurado un escenario total de frontalidad. Lo siguiente serán actuaciones contrarias al recorrido del Estado bajo el 155 y nuevos desafíos a la legalidad, que tendrá que responder ahora bajo escrutinio europeo, sean los tribunales belgas, alemanes, el tribunal de Estrasburgo o cualquier otra instancia.
Sin embargo, la vida continuó con normalidad bajo el 155 e incluso después de los autos de prisión de los Jordis, Junqueras y otros miembros del último gobierno de Cataluña. Lo que significa que existen otros factores más mayoritarios y poderosos que la identidad nacional para mantener las seguridades adquiridas en la vida bajo la legalidad vigente, por mucho que los representantes legítimos planteen el horizonte de la insumisión o la resistencia al Estado como el más razonable para el logro de otros intereses colectivos: estos logros colectivos son secundarios frente a la seguridad jurídica y económica de la generalidad de estas personas y no empujarán a las masas a arriesgarlo todo.
Que no existía ni existe disposición a la resistencia es algo que habíamos estudiado y aprendido con anterioridad al 1-O, lo que limita los acontecimientos que se puedan producir a la vulneración de la legalidad y la respuesta judicial de un Estado que es garantía jurídica de la UE. Dicho de otra forma, los poderes reales necesitan garantías para desplegar sus actividades y esto es independiente de calidades democráticas. Cataluña está garantizada por el Estado español y no lo va a mover Torra al modo unilateral. Chrysler y GM permanecen en México porque mandan más que Trump, que para ellos no es más que un político de paso muy ocurrente, el representante circunstancial de la convención que les proporciona el orden y todas las seguridades, lo que conocemos como la democracia: poder real y poder representativo.
Podemos vislumbrar un escenario de acciones y reacciones con deriva judicial donde se evidenciará la impotencia del Gobierno y el Estado para frenar esta dinámica. Y así, hasta la repetición de todo lo acontecido en la búsqueda de esa mayoría ciudadana que no se plantea resolver de esta forma y el minotauro volviendo a pasar por encima. El PP podrá advertir, vigilar y poco más, pero Ciudadanos puede decir lo que crea conveniente, como que no se levante el 155 o si este se levanta que se vuelva a aplicar, aunque esto tiene un recorrido tan corto como el del PP ceñido a la norma UE. Conforme pase el tiempo aumentará la frustración en el electorado uninacional del lado derecho en España, abriéndose la oportunidad de mercado para formaciones como VOX, actores que sean capaces de decirle a la Justicia belga o alemana que en España se encarcela a quien se cree conveniente, a la UE que se hará un referendo sobre la continuidad de España y a los españoles que suprimirán las autonomías o se controlará a los extranjeros. Ahí no se puede situar el PP, pero tampoco Ciudadanos, llegado el momento, porque ese es el cuadrante antisistema equivalente al de Le Pen en Francia. Esto determina la caída electoral del PP por debajo del 20 %, tan pronto VOX u otra formación o un conjunto de formaciones ocupen este espacio, con un tamaño fundacional para elecciones generales de unos 800.000 electores, que puede estar cuantificado en el territorio con anterioridad a las elecciones municipales de mayo del 2019. Rivera será Macron y el PP se quedará sin discurso porque no podrá decir a sus votantes que hay que suprimir la Generalitat, en definitiva, pero habrá quien lo diga.