Da vergüenza escribir sobre lo mismo que hace cuarenta años y casi en los mismos términos. Produce sonrojo repasar en este mismo diario campañas de hace más de cuatro décadas denunciando las barreras arquitectónicas que impedían a personas con discapacidad moverse con un mínimo de libertad y comprobar como muchas de esas barreras siguen en pie.
Aún hay edificios públicos a los que resulta muy difícil entrar con una silla de ruedas. Pero sorprende aun más que establecimientos comerciales de primera línea carezcan de este tipo de acceso o solo puedan ofrecer a clientes con problemas de movilidad accesos semiocultos y de complicado acceso. O que aun a numerosos aparcamientos subterráneos no pueda entrar un discpacitado y en los que sonroja comprobar lo aventurado que puede resultar el simple intento de entrar o salir con un carrito de bebé.
Resulta indignante la negación de derechos que suponen tales carencias para quienes tienen que desplazarse en silla de ruedas o ven su movilidad temporalmente reducida por accidente o enfermedad, Y aun produce más bochorno comprobar como, una vez más, se ha afrontado un problema redactando y aprobando una ambiciosa ley que contempla y consagra la accesibilidad universal, no solo para la discapacidad física, sino también para la sensorial o intelectual.
Parece que nos hemos quedado, una vez más, en las grandes palabras. «Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida» señala el texto legal publicado hace ahora cuatro años. Un derecho que está muy claro en las páginas del BOE, pero que sigue pendiente en la vida real. Porque quienes aprobaron grandilocuentes afirmaciones apenas han hecho nada por convertirlas en realidad.