En el mundo de las finanzas hay una sentencia muy conocida que viene a decir lo siguiente: «Si le debes 10.000 euros a un banco tienes un problema, pero si le debes 10.000 millones de euros a un banco, el problema lo tiene el banco». El independentismo catalán ha aplicado el mismo principio al Estado de derecho en España. Todo el mundo sabe que cuando un político es imputado no solo la justicia sino también el resto de partidos y la opinión pública y publicada caen sobre él y lo inhabilitan de facto para ejercer en la cosa pública. Pero lo que han hecho los independentistas catalanes es poner a decenas de personas, cientos de ellas si se incluye a los alcaldes rebeldes, a cometer un número tan gigantesco de delitos y desobediencias a los tribunales de justicia, que el problema ya no es solo de ellos, sino de un Gobierno y unos partidos que parecen asustados ante la posibilidad de que los separatistas afronten las elecciones del 21 de diciembre con decenas de candidatos entre rejas. Hay fuerzas que reclaman la dimisión y la exclusión de las listas de cualquier imputado, aunque sea por una infracción de tráfico, pero defienden en este caso el derecho de políticos imputados por gravísimas violaciones de la Constitución no solo a ser candidatos, sino a ser liberados de inmediato, incluso aunque no acaten la leyes y sigan desobedeciendo a los tribunales.
Pocos jueces han tenido que tomar una decisión sometidos a mayores presiones que las que ha sufrido el magistrado Pablo Llarena, que ayer decretó la libertad con fianza para la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y para los miembros de la mesa que permitieron que la cámara votara una declaración de independencia a sabiendas de que era ilegal. A un demócrata solo le cabe acatar las decisiones judiciales, sean las que sean. Pero es pertinente destacar que, frente a la recurrente acusación del separatismo catalán de que la Justicia española está politizada por las presiones del Gobierno en su contra, lo que hemos visto aquí es exactamente lo contrario. A las presiones independentistas se ha sumado el miedo de Rajoy y del resto de líderes constitucionalistas a afrontar unas elecciones con el anterior gobierno catalán en la cárcel y a que eso refuerce el victimismo de los secesionistas, lo que ha llevado a que se filtrara su deseo de que no se encarcelara a Carme Forcadell, e incluso de que se libere a los ex consejeros de la Generalitat que están en prisión.
Yo ignoro si el juez tuvo o no en cuenta ayer ese contexto. Lo que constato es que solo accedió a liberar bajo fianza a Forcadell cuando la amenaza de cárcel la llevó a acatar el artículo 155 y a renegar de la independencia de Cataluña y del procés. Lo cual indica que, al revés de lo que nos quieren hacer creer algunos, aplicar firmemente la Justicia funciona, por lo que ni Junqueras ni Puigdemont cuando sea extraditado deben ser excarcelados hasta que no hagan lo mismo que Forcadell. Lo contrario implicaría que cuanto más se le deba al banco, es decir, cuanto más graves sean los delitos, más fácil es no pagar nada por ellos.