Sí, como la muerte en el excelente spaghetti western de Leone, también la aplicación del artículo 155 de la Constitución tenía un precio para el Gobierno de Rajoy. Ahora ha salido a la luz, del mismo modo que ahora, tras el pacto PP-PSOE, cabe razonablemente concluir que ha sido la rotunda oposición de Sánchez la que explica que el 155 no se activara, contra toda lógica política y constitucional, cuando debería haberse hecho: desde el momento en que fue obvio que la conspiración secesionista no iba a detenerse si no la frenaba quien tiene para hacerlo el poder y la legitimidad.
La decisión del Gobierno de no aplicar el 155 sin el apoyo del PSOE es de cajón, pues lo contrario hubiera sometido a España a una tensión política, económica y social insoportable. Pero que el PSOE se haya negado a poner en manos del Ejecutivo los poderes necesarios para combatir con eficacia la rebelión nacionalista y que, ¡tras la declaración de independencia!, solo haya accedido a hacerlo a cambio de un compromiso del PP para reformar la Constitución prueba que Sánchez carece del sentido de la responsabilidad y la lealtad institucional indispensables para llegar a la presidencia del Gobierno.
Tan convencido está Sánchez de haber hecho lo correcto al comportarse con la cicatería y falta de sentido del Estado de quien piensa en sus intereses personales y no en la defensa de los intereses generales, que incluso ha presumido de su pacto con el PP, con esa desvergüenza de quien ignora las graves consecuencias de sus actos. Un político sensato jamás habría exigido nada a cambio de ponerse sin reparos del lado de la defensa de la legalidad y mucho menos habría presumido de un trato que desautoriza al PSOE ante millones de españoles.
Por si todo ello fuera poco, su contenido, del que se vanagloria Pedro Sánchez (estoy con la Constitución a cambio de que el PP acepte reformarla), traslada dos ideas, no solo falsas sino peligrosísimas: que el nacionalismo catalán se ha echado al monte por insuficiencias de nuestra ley fundamental y que su reforma los haría bajar del monte al llano. El colofón de tal majadería pone los pelos como escarpias: que cada vez que los nacionalistas quieran más poder, más dinero o ambas cosas bastaría con montar una rebelión contra el Estado para salirse con la suya.
Puigdemont y sus secuaces han optado por pisotear la legalidad constitucional, reírse de la democracia y despreciar la pluralidad del pueblo catalán porque todo ello era indispensable para alcanzar la independencia a la que aspiran desde siempre ERC y la CUP y a la que, abducido por el deliro secesionista, aspira ahora también gran parte de lo que CiU fue en su día. Nada de eso tiene que ver con el contenido de la Constitución ni, por tanto, con su reforma, pese a las mentiras del secesionismo. Unas mentiras que solo se creen una minoría de españoles entre los que, dominado por su obsesión de llegar a la Moncloa, finge estar el inefable Pedro Sánchez.