El actual es el tercer intento de separar Cataluña de España. Todos se realizan en un contexto histórico determinado y cuentan con un pretexto. El primero, liderado por Macià el 14 de abril de 1931, consistió en la proclamación desde un balcón de la República catalana como Estado integrante de la Federación ibérica. El conflicto se zanjó rápidamente. La República recién estrenada no podía permitirlo. Tres ministros del Gobierno de Madrid se desplazaron a Barcelona y consiguieron que Macià cediese en su pretensión a cambio de la garantía de un Estatuto de autonomía, la creación de la Generalitat. El segundo es protagonizado por Companys el 6 de octubre de 1934 al proclamar desde el balcón de la Generalidad «el Estado catalán dentro de la República federal española». El pretexto determinante fue defender la República contra un Gobierno legítimo en el que habían entrado tres miembros de la CEDA aunque existieron otros, en un contexto revolucionario manifestado en una huelga general que se enconaría en Asturias y llevó a una intervención del Ejército. Una rebelión militar contra el Poder constituido. Declarado el estado de guerra, duró unas horas; terminó con una rendición incondicional y arresto de sus impulsores sin beneficio alguno para lo que pretendían.
Resultaron certeras las palabras que días antes pronunciara el general Batet, responsable de la operación. Consciente de su deber, desde su sentimiento catalán, comentó preocupado a unos distinguidos paisanos sobre lo que estaba preparándose: «¿Es que no ven que si se mueven, en menos de una hora les aplastaremos?». He vuelto a recordarlas en este momento crucial cuando se ha puesto a funcionar la maquinaria del Estado de derecho a pleno rendimiento desde distintos ámbitos e intensidades, con advertencias a autoridades y funcionarios, a quienes participen o puedan participar en la preparación y ejecución del anunciado referendo del 1-O.
El intento actual no se ha materializado en una proclama balconera, sino en un ya demasiado largo procés contado desde el infausto 9-N. No es, si hemos de ser rigurosos, una sedición o una rebelión ya que hasta ahora no ha sido un alzamiento tumultuario ni con violencia; pero es evidente su inconstitucionalidad, incluso para los mismos promotores, y la perentoria necesidad de atajarla desde el Derecho que sigue siendo por ellos menospreciado.
Fiscales y jueces tienen una función decisiva para la apreciación de los delitos que se cometan; pero no pueden ir más allá de lo que está tipificado: desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos. En el Tribunal Constitucional existe renuencia a hacer uso de las competencias que le otorgó una reforma de su ley que llegaría todo lo más para suspender de oficio, no para inhabilitar, a los causantes de la inconstitucionalidad: todos los parlamentarios que la provocaron. Esa es la madre del cordero y dada la engallada actitud de los independentistas no parece previsible su rendición.