El atentado en el corazón de Barcelona y en Cambrils ha marcado de un modo brutal e inhumano el final de la pausa oficial del verano. Ante reiterados sucesos de esa naturaleza, una primera reacción, además de la repulsa, es de solidaridad con las víctimas manifestada de diferentes maneras y también de unidad frente a quien se presenta como un enemigo beligerante. Es lo que ocurrió en el por desgracia emblemático 11S, en EE. UU., con un sentido patriótico encomiable, superador de diferencias políticas y diversidad ideológica o religiosa. Lo que no sucedió con el atentado en Madrid, sin necesidad de profundizar. En el de París, esa reacción se manifestó en la identificación personal «je suis...» que ahora podría ser, cambiando el nombre, «yo soy Barcelona» o, con deliberada intencionalidad, «yo soy Cataluña» de los que no vivimos allí. Por una de esas sorpresas de la vida, un acontecimiento profundamente negativo ha servido, o debería servir, para la unidad de lo que en la Constitución se define como «patria común», y que no siempre se valora. El versátil terrorismo ha golpeado a España en un punto especialmente significativo, como en Nueva York, en París o en Londres. Habría de tenerse en cuenta. La separación de Cataluña importa no solo a los que la intentan; preocupa a toda España. La unidad es algo objetivo, más allá de sentimientos encontrados que también han sido estimulados en alguna medida por iniciativas políticas separadoras.
No es momento para sacar provechos partidistas de ningún tipo; pero invita a la reflexión a la altura que se encuentra el procés para la secesión. El presidente Rajoy, con motivo de su despacho veraniego con el rey, ha declarado por fin que un acuerdo con Cataluña es una «prioridad inexcusable»; pero después del 1-O. La fecha tiene que ver con la estrategia que está siguiendo, polarizada en impedir el referendo. Utilizando la legítima coacción del Estado puede vaticinarse desde ya que no habrá uno que responda a lo que se reconoce jurídicamente como tal. La cuestión es cómo va a incidir en el problema de fondo, la cuestión catalana, el modo en que se haya ejercido la fuerza del derecho.
El portavoz del Gobierno ha hablado de firmeza y proporcionalidad, un eficaz eslogan que, llevado a la práctica en este asunto delicado, implica no proporcionar argumentos jurídicos al adversario. En ese sentido, a la vista de lo que han hecho las presidencias del Tribunal Constitucional, no vale la pena cargar sobre la presidenta del Parlamento catalán. Se declara que no se aplicará el artículo 155 de la Constitución, pero habría que despejar la duda sobre el amparo de medidas que se adopten como previsiones no suficientemente fundadas y pueden influir negativamente en los catalanes no secesionistas, con quienes habrá que contar para reencontrar el encaje de Cataluña que se ha ido perdiendo desde la aprobación mayoritaria de la Constitución. El 2-O no debería ser el erial de un campo de batalla después de la derrota.