Entre el catálogo de excusas que suelen esgrimir los políticos para no asumir responsabilidades cuando son imputados por corrupción, produce especial repugnancia la de quien dice que no tiene obligación de dimitir porque él no se ha llevado «ni un euro» y, por tanto, no está acusado de corrupción. Un argumento que, de ser dado por válido, implicaría que cualquier delito de prevaricación -dictar una resolución a sabiendas de que es injusta-, o de malversación de caudales públicos, sería justificable siempre que no implique el enriquecimiento personal de quien lo comete. Se podría así favorecer a un tercero, al propio partido, o perjudicar a cualquier persona o colectivo, sin que ello implicara responsabilidad política en caso de ser imputado por la Justicia. «Hay que diferenciar entre meter la pata y meter la mano», nos dicen los que se ven inmersos en ese trance, pretendiendo no solo salir impunes del entuerto, sino encima darnos lecciones.
Ese, el de que él no se ha hecho rico con los actos de prevaricación, malversación de caudales, fraude y falsedad por los que está siendo investigado, es el argumento al que se aferra el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, para no dimitir de su cargo estando imputado. «Si al final la Justicia dictara una imputación por el caso Auditorio yo dimitiría, porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra. Y no esperaría a que nadie me lo pidiera». Eso es textualmente lo que dijo Sánchez en junio del 2015. Él mismo se puso el listón así de alto. Y entonces, no hilaba tan fino ni matizaba entre enriquecimiento personal o ajeno. Pero ahora que está imputado, parece dispuesto a esperar a que se lo pida hasta su propio partido. Para acceder a la presidencia de Murcia, Sánchez firmó además un pacto con Ciudadanos en el que se comprometió a «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Legalmente no existe esa obligación. Pero es a lo que se comprometió. Ayer, durante su declaración ante el juez, se limitó a echar balones fuera y a culpar de todo a los técnicos. Y salió del juzgado con la misma condición de investigado con la que entró.
A Sánchez le ampara, como a todos los españoles, el derecho a la presunción de inocencia. Pero, con esos precedentes, debería haber dimitido desde el mismo momento en el que fue imputado para poder defenderse de las acusaciones sin utilizar de parapeto a su partido. Y para no poner en aprietos al Gobierno. No debería haber esperado siquiera a que Ciudadanos, como era previsible, le exigiera la renuncia al cargo en cumplimiento de lo que él mismo firmó y afirmó, porque ahora cualquier decisión que asuma, por iniciativa propia o por imposición del Ejecutivo del PP, se entenderá tomada contra su voluntad.
Poner en riesgo la estabilidad del Gobierno de Murcia -y el de España- por su empeño en conservar la poltrona es una irresponsabilidad que ni el Gobierno ni el PP deberían consentir a Pedro Antonio Sánchez.