Si le hubiéramos contado a nuestros padres (los de la Constitución) que casi 40 años después de aprobarse aquella y en pleno siglo XXI el artículo 20, ese que garantiza, entre otros, el derecho a la libertad de expresión iba a estar tan cuestionado e interpretado, probablemente no nos hubieran creído. Y no lo habrían hecho porque tras cuarenta años de pensamiento único, quizá era uno de los anhelos de aquella sociedad posfranquista que luchaba por entrar en la modernidad, no solo económica y social, sino también de pensamiento. Si, además, les hubiéramos dicho que se ha condenado a prisión a quien ha sobrepasado los límites del artículo en 140 caracteres o en una canción, no solo no nos hubieran creído, sino que tal vez alguno de aquellos siete se habría levantado de la mesa pensando: ahí os quedáis.
El derecho a la libertad de expresión, como cualquier otro, tiene sus límites en la eventual colisión con otros derechos también fundamentales. Este mantra, grabado a fuego a todos los juristas, es fácil de aprender y difícil de aplicar. Porque ¿cuáles son esos límites y quién los marca? Discusión doctrinal recurrente y eterna, que no tiene una conclusión definitiva, pues la respuesta depende de muchos factores, como el emisor, el receptor, el medio o el momento histórico en que se haga, pues incluso se han llegado a justificar las restricciones a la libertad de expresión en base a una presunta paz social o estabilidad política que podría quebrarse por hacer uso de aquella. ¿Alguien se imagina que hace unos años se pudiera escribir o hablar, amparándose en esa libertad, sobre las amigas íntimas del anterior jefe del Estado o sus excursiones cinegéticas? Hoy se hace con total naturalidad, pues priman el derecho a la información y a la tan manida transparencia, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión frente al riesgo de quebrar el marco de convivencia político y social.
La línea que separa la libertad de expresión del choque con otros derechos es tan fina que corremos el riesgo de cruzarla sin darnos cuenta, no individualmente, sino como sociedad, lo cual es más peligroso, pues nos convertiremos en censores en defensa de lo políticamente correcto en función de quién tenga el poder de marcar en cada momento dónde empieza y acaba esa línea. No se trata de determinarla con fórmulas matemáticas, sino que debe ser analizada racionalmente: traspasa los límites quien, amparándose en el uso de la libertad, lo que pretende es provocar y no expresar; atacar y no argumentar; generar odio y no generar opinión.
Una sociedad madura se pone a prueba cuando es capaz de escuchar lo que le disgusta sin censurarlo, lo respeta y sigue luchando porque cada individuo tenga la posibilidad de expresarse con garantías de que no va a ser perseguido por ello.
Una sociedad moderna no sustituye la argumentación por el Código Penal, los discursos por las multas coercitivas o el debate de ideas por las prohibiciones.
Entremos de lleno en la modernidad y no retrocedamos ni un paso en la defensa de las libertades. Se lo debemos a quienes hace cuarenta años lucharon, desde posiciones antagónicas, para que hoy todos pudiéramos expresarnos en libertad y sin miedo.