Jurídicamente impecable y socialmente escandaloso. Así se podría definir el auto de la Audiencia de Baleares que acuerda la libertad provisional de Iñaki Urdangarin y Diego Torres por entender que no concurren los requisitos para adoptar una medida tan gravosa y restrictiva de la libertad personal, la más gravosa de nuestro ordenamiento, como es la prisión provisional. Y ello porque dicha medida debe ir presidida de un juicio de excepcionalidad y proporcionalidad, como ha reiterado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones.
No concurren motivos suficientes que justifiquen la prisión en este momento. Ni en este caso ni en otros de similares características que constituyen el día a día de quienes nos dedicamos a esto. No existe riesgo de destrucción de pruebas, porque ya han sido juzgados; han hecho frente al abono de las multas y la responsabilidad civil derivadas del delito; no parece probable que se sustraigan a la acción de la Justicia, puesto que han comparecido a cada uno de los llamamientos judiciales y su arraigo está acreditado, y la sentencia aún no es firme. Argumentos de peso que avalan la decisión de las magistradas.
Sin embargo, la contestación popular a la decisión jurídica no se ha hecho esperar. Argumentando que «la justicia no es igual para todos» y que «a los ricos les sale gratis robar» se pueblan las redes sociales, el bar de la esquina y las tertulias televisivas de juristas aficionados que lamentan que los corruptos salgan indemnes, precisamente el mismo día que la Audiencia Nacional condena a Rato y Blesa por el caso de las tarjetas black.
No debemos caer en la demonización de nuestros jueces y de la Administración de Justicia, quienes con poco hacen tanto (España es uno de los países con la ratio de jueces por habitante más baja de Europa: 10 por cada 100.000), pues no es el Derecho Penal, ultimo recurso del ordenamiento jurídico, el instrumento canalizador del enfado ciudadano con nuestras instituciones, otrora intocables.
Les exigimos a ellos, quienes con escasos medios y atados a una ley que dictan otros y hacen cumplir, que nos devuelvan la credibilidad en nuestros representantes, que reparen con sus decisiones los años de opacidad y dispendio de lo público, que mitiguen en sus autos y sentencias la frustración ciudadana frente a la campechanía de quienes nos gobernaban y representaban mientras robaban a manos llenas poblando los paraísos fiscales de dinero b.
Una justicia lenta es menos justa. Y una justicia ejemplarizante (caso Pantoja) y alejada de la norma es lo realmente excepcional, y no por ello se ajusta más a la ley. Preocupémonos más de tener una justicia justa y no vengativa. Como decía Sandor Marai, «quien busca justicia con demasiado empeño y dedicación, en realidad no busca justicia, sino venganza».