Los dueños de las viviendas en alquiler para uso turístico tienen todo el derecho del mundo a celebrar su asamblea en Portonovo como acaban de hacer, a rebelarse contra el decreto de la Xunta que regula su hasta ahora poco clara actividad y a recurrir al Tribunal Superior de Xustiza, como han anunciado. ¡Faltaría más! Como lo tiene la Xunta para iniciar una muy necesaria ronda de explicaciones comarca a comarca y rebatir argumentos tan curiosos como que ahora habrá que apuntarse en un registro autonómico. Quizás los propietarios prefieran seguir en el descontrol más absoluto.
Pero iba siendo hora de que alguien pusiera orden en el caos del alquiler de viviendas turísticas, en ese magma donde caben excelentes propiedades con otras absolutamente lamentables. Con pisos en edificios con muy serios problemas urbanísticos junto con otros que tienen hasta el último papel en regla. Con ofertas que no hablan de seguro alguno de responsabilidad civil con otras que sí lo pagan. Y, lo que es peor, con muchas -¿la mayoría?- que no quieren saber nada de dar un recibo, y ya no digamos factura, con otras que cumplen sus obligaciones con Hacienda como hacemos usted y yo.
Así que bienvenido el decreto de la Xunta, un tímido primer paso que va a tener otra consecuencia positiva para los visitantes y para Galicia: va a (casi) obligar a unirse en agencias o empresas de alquiler. Como en cualquier parte del mundo desarrollado y civilizado, vaya. Y si no lo creen, que pregunten a la danesa Feriepartner o a la galesa Coastal Cottages.