Cuando la gestora del PSOE tomó las riendas del partido, y empezó a aplicar la lógica política derivada del 26J, toda España sintió en su cara la dulce brisa de la normalidad. La sintió el PP, que tuvo apoyos para cumplir su obligación de gobernar. La sintió el PSOE porque dejaba de ejercer de perro del hortelano -el que ni come ni deja comer- y ponía rumbo a su regeneración. La sintió Podemos, que había congelado su proceso de construcción en una imagen de desorientación y esterilidad que lo estaba matando. La sintió Ciudadanos, porque dejaba de ser un aliado contradictorio y estéril. Y lo sentimos los ciudadanos porque se rompía el bloqueo al que con tanta eficacia habíamos contribuido, y se abría la posibilidad de gobernar un momento tan delicado y esperanzador como el que estamos viviendo.
Los primeros meses posteriores al desbloqueo no defraudaron a nadie, ya que pudimos disfrutar a la vez las ventajas de un Gobierno en minoría, obligado a dialogar y pactar, y las ventajas de una gobernabilidad subyacente que Rajoy y Fernández estaban impulsando con gran inteligencia y lealtad al Estado. Pero todos percibimos que la alegría dura muy poco en la casa del pobre, y que en el horizonte de la duodécima legislatura ya asoman muy negros nubarrones que amenazan gravemente la ansiada gobernabilidad. El PSOE, si el cielo no lo remedia, camina acelerado hacia la reedición del «no es no», ya sea en la versión original de Pedro Sánchez o en las versiones descafeinadas que tendrían que editar López o Díaz si asumen la secretaría general en una votación ajustada. También Podemos se está preparando para frenar en Vistalegre el institucionalismo de Errejón y reeditar con reforzado vigor la oposición de algarada, temeridad y populismo. E incluso el Gobierno empieza a sentir que, mientras los consensos institucionales se hacen cada vez más difíciles -como pone de relieve el trámite presupuestario-, las trampas y celadas que tiende la oposición aritmética contra el control del gasto y a favor de una demagógica expansión del paternalismo de Estado ya nos obligan a preguntarnos, con enorme preocupación, si en estas condiciones es posible gobernar.
La guinda a este revuelto la pone el proceso soberanista, que, haciendo estrictamente obligada la formación de una mayoría sólida y coherente, dispuesta a asumir sin ambages la defensa de la ley y del Estado, parece diseñar un inminente conflicto social y político que el Gobierno no puede afrontar en minoría y sin capacidad para aplicar de forma efectiva y preventiva el ya inexorable artículo 155 de la Constitución. La gresca política prima otra vez sobre el interés del Estado y el bien de los ciudadanos. Y todo presagia una nueva pelea de piratas, sobre el bergantín partido y escorado, que hará perecer a vencedores y vencidos en un único naufragio.