Como el doctor Jekyll y míster Hyde, la autopista de Santiago a Ourense tiene dos caras. Dos tramos de distinto color. Si usted recorre su tramo norte, hasta Lalín, construido en la época de Fraga y Cuiña, tendrá que abonar 5,80 euros de peaje. Pero a partir de Lalín y hasta destino, tramo de la época de Touriño y Caride, usted no pagará ni un céntimo por cortesía de los contribuyentes. Dos modelos distintos en una misma autopista: peaje visible el primero, peaje en la sombra el segundo. ¿Con cuál se queda usted? Con tan exigua información en la mano, no me atrevo a pronunciarme. Como contribuyente, no me apetece pagarle el viaje al dominguero que se dirige al cocido de Lalín. Pero albergo más dudas si hablamos, por ejemplo, de rebajar los costes del transporte de mercancías. Así que, ¿quién debe pagar las autopistas y autovías? ¿Quienes las usan o todos los ciudadanos a través de sus impuestos? Dejemos el debate abierto.
Pero si en vez de carreteras hablamos de medicinas o de asistencia sanitaria, todas mis dudas desaparecen por ensalmo. La protección de la salud debe correr a cargo de los contribuyentes y no de los usuarios del sistema. La salud no debe pagar peajes. Y resulta que los paga desde que se estableció el copago farmacéutico: los pensionistas, por término medio, un 10 % del precio del medicamento; los trabajadores, entre el 40 % y el 60 %. Peajes que rozan el abuso y que probablemente subirán muy pronto.
El copago farmacéutico es injusto y discriminatorio, porque solo los pacientes pagan peaje y en cuantía proporcional, no a su renta u otras zarandajas, sino a la gravedad de su enfermedad. Quien padece una enfermedad crónica pasa todos los días por la cabina del peaje y quien goza de una salud de hierro nunca paga nada, como el conductor que viaja de Lalín a Ourense. La tasa farmacéutica culpa al paciente de su situación patológica: ya que estás enfermo, abona el copago. Su filosofía parece inspirada en aquellos tiempos en que la enfermedad se consideraba sinónimo de pecado y, por tanto, su perdón acarreaba una penitencia.
Pero hay más. Cada vez que se aprueba una medida discriminatoria, los gallegos aparecemos habitualmente entre los damnificados. Casi parece una maldición. Ocurre que Galicia es la segunda comunidad autónoma, después de Extremadura, con mayor gasto farmacéutico público por habitante: 248 euros al año. Y no precisamente porque nos encante la tortilla de paracetamol o aderecemos el pulpo con una salsa de aceite y barbitúricos, sino porque tenemos una población sumamente envejecida. Y como los mayores suelen ser más adictos a las medicinas que sus nietos, Galicia acaba pagando más peaje farmacéutico que nadie. En términos per cápita, claro.
De seguir con esta tendencia, deberíamos ir pensando en las fórmulas de supervivencia inventadas por nuestros abuelos: plantar pinos como caja de ahorros y sistema de previsión, porque nunca se sabe qué dolencias y achaques nos traerá la vejez.