Gran parte de la verdad política de este país se conoce por métodos ilícitos: cámaras ocultas, micrófonos camuflados, traducción de labios en conversaciones privadas, traiciones de amigos y colaboradores, grabaciones misteriosamente obtenidas? La última ha sido la grabación de conversaciones del ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, don Daniel de Alfonso. Este último, nombrado para nueve años, ha sido destituido por el Parlamento catalán con el voto de todos los partidos, menos el Popular. Al ministro del Interior se le reclama intensamente su dimisión. El último en propugnarla ha sido don Pedro Horrach, todavía como fiscal anticorrupción.
Sigue siendo un misterio cómo se graba una conversación en un despacho oficial, y nada menos que del ministro del Interior. Supongo que hay medios técnicos, pero aún así queda la duda de cuántos secretos oficiales habrán sido conocidos por este sistema de espionaje de alta tecnología y lo peor: cuántos grandes delincuentes habrán conocido por adelantado actuaciones policiales y se habrán librado de ser detenidos. Pero esa es solo una parte del problema. La parte seria está en el contenido de las conversaciones, que ahora el diario publico.es ha puesto en manos del juez.
Aunque las versiones publicadas sean parciales y aunque quepa el riesgo de manipulación con intención electoral, parece claro que en esas reuniones se trataba de hacer acopio de datos contra independentistas catalanes. Salta a la vista que hubo fabricación de pruebas que no resultaron sostenibles. Se puede sostener que bastantes filtraciones a la prensa sobre actividades sospechosas o directamente delictivas se hicieron con la misma finalidad destructiva. Si ha sido así, y así lo parece, las grabaciones tienen un gran valor documental: sin necesidad de acusar a nadie, son la evidencia de que las cloacas del Estado existen y funcionan y están en altos niveles de las Administraciones públicas.
¿Nos sorprendemos? ¡No! Quien piense que los Gobiernos, sus policías y sus servicios de inteligencia no aspiran a controlar y a destruir por todos los medios a los enemigos del Estado es un gran ingenuo. Pero, aceptada esa realidad, hay que exigir lo mínimo: que no se conozca. Si se conoce -y con pelos, señales y nombres como en este caso- que nadie se extrañe de que esos mismos nacionalistas respondan con un sonoro «hay que irse, un Estado así no se puede aguantar mucho tiempo». Y que nadie se extrañe de que todo termine en los tribunales o en gritos de dimisión. Y no queda más remedio, porque las cloacas del Estado siempre se mueven en el límite mismo de la legalidad. Y a veces, fuera de toda legalidad.