Una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de A Coruña acaba de establecer -véase La Voz del sábado- que «no es ilegal» la moción de censura que desalojó de la alcaldía de Boimorto a Rivas Cruz. Se trata de un asunto político que jamás debería ir al juzgado. Pero, dado que constituye un lugar común el decir que los jueces tienen mucho trabajo y pocos medios, conviene usar este caso para poner algunos puntos sobre las íes.
La invasión de la política por el juez ya se intuye cuando se dicta que la actitud del concejal que cambió su voto y apoyó la censura «no es ilegal». Lo normal sería decir, si no se quieren manipular los hechos, que «es legal». Porque así se deduce de la Constitución y las leyes, que, lejos de tolerar las censuras y la ausencia de mandato imperativo como una inevitable rebaba de la bazofia política, consagran la autonomía moral y política de los representantes del pueblo, a título personal, como principios fundacionales de la democracia.
Ese desliz inicial lleva al juez a decir dos cosas que, en el marco de una sentencia, deben considerarse aberrantes. La primera, que la actitud del concejal no adscrito, elegido como independiente en la lista del PSOE, «resulta de apariencia irregular». Porque esa apariencia no es objetiva, y solo puede nacer de una enfermiza intención de tutela judicial sobre lo político. Y la segunda, que «un concejal que deje de pertenecer a un partido político en el que acude a unas elecciones debería a continuación, por simple mandato ideológico, en ese mismo momento, dejar el puesto a su suplente que le sigue en la lista, respetando la masa social que apoyó su candidatura».
¿Qué será -¡Dios bendito!- el «mandato ideológico»? ¿En qué facultad se enseña tal chorrada? ¿Qué megalomanía justiciera puede llevar a un juez a establecer la superioridad moral del gregarismo partidario -verdadero cáncer de la democracia- sobre la conciencia moral y el juicio de oportunidad de las personas?
Al actuar como si el criterio moral de un togado tuviese preeminencia sobre el criterio político y personal de un concejal de Boimorto, la sentencia -salvo en decir que la censura «no es ilegal»- marra en todas sus consideraciones, e inocula en el proceso político un ilícito tufo a corrupción. Porque una cosa es criticar, discrepar y votar en contra, a lo que todos los ciudadanos -también el ciudadano juez- tenemos derecho, y otra cosa es elevar esas elucubraciones a los banales considerandos de una sentencia pagada con dinero público. Porque, además de implicar una grave injerencia en la política, siembra dudas sobre si los jueces tienen claro en qué consisten el voto, la representación democrática, los partidos, la separación de poderes, la libertad y la conciencia. Y explica muy bien en qué gastan los jueces el tiempo del Estado.