El último acto, por ahora, del patético y dramático esperpento que están escenificando los independentistas en Cataluña ha sido sacarse un conejo de la chistera, Carles Puigdemont, al que han convertido en presidente de la Generalitat, pese a que ningún catalán le ha votado para el cargo. Artur Mas entrega provisionalmente su cabeza a cambio de una humillación pública de la CUP al estilo soviético. El que era alcalde de Girona encabeza un gobierno cuyo único objetivo es la desconexión de España en 18 meses. A las bravas, de forma ilegal y en minoría, tras perder el referendo en el que los secesionistas convirtieron las elecciones del 27-S. Pretender romper un país con el 47,8 % de los votos emitidos y el 35,6 % del censo supone una locura política descomunal y sin precedentes. Dicho de otro modo, los representantes de menos de dos millones de catalanes quieren imponer la separación a los 3,5 millones que no la han apoyado en las urnas. Y que no se entienda mal, en ningún caso sería tolerable saltarse la reglas que marca la Constitución, aunque hubieran obtenido la mayoría absoluta de los votos. Pero lo mínimo que se podía pedir a los que se les llena la boca de reclamar el derecho a decidir es que respetaran las reglas básicas de los plebiscitos. Ni eso. La mayoría de los catalanes ya decidieron el 27-S dar un no a la independencia. Por mucho que quieran «corregirlos» (Mas dixit) esos fueron los resultados. Pero a los secesionistas no les importa pasar por encima de lo que decidieron los catalanes como una apisonadora. Un presidente elegido a través de un pacto rocambolesco con ribetes de tamayazo se dispone a emprender un camino ilegal en contra de la mayoría de los catalanes. Una vía segura hacia el enfrentamiento y el desastre.