El Tribunal Constitucional es una cosa muy seria. Casi siempre lento, marcado por la elección partidista de sus magistrados y con la credibilidad deteriorada por enojosos asuntos como el Estatuto de Cataluña. Pero cuando se pone en jarras y hace valer los principios jurídicos está por encima de partidos, Gobiernos y presiones ambientales. Así interpreta este cronista la decisión del TC más esperada: la que permite que el Parlamento catalán debata y vote la resolución que quiere abrir el camino a la república catalana. No hubo sorpresa, porque fuentes del tribunal habían adelantado que la mayoría de los magistrados se inclinaban por esa decisión. Pero sí hay disgusto en los partidos recurrentes, porque entendían que no solo no se podía votar la destrucción de la unidad de España, sino que ni siquiera se podía admitir a trámite. Para ellos, la independencia de Cataluña no se puede ni plantear en una institución.
Ese enfrentamiento terminó como tenía que terminar: con la voz legal que establece que nadie puede impedir a priori un debate en un Parlamento y que no puede haber una prohibición preventiva que predetermine el resultado final de ese debate. Lo dice claramente el tribunal: no se puede ejercer «un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce». Políticamente es un golpe para Ciudadanos y de forma especial para el PP, que había dicho: «La no suspensión de los acuerdos atentaría contra el interés general de España». Se salva de la quema el PSC, que entendió que un recurso de amparo no paraliza ninguna acción parlamentaria, aunque atente contra la unidad nacional. Y el lunes asistiremos a una sesión que será de clara exaltación de la nación catalana y de entronización de la hoja de ruta sobre la que quieren construir ese Estado. Escandalizará a mucha gente, pero será un ejercicio de libertad democrática tutelada por quien la puede tutelar, que es el Constitucional.
Este cronista lamenta, naturalmente, que tengamos que ver ese aquelarre. Celebra que entre el impulso cordial y la frialdad de la ley haya triunfado la ley, aunque duela. No descarta que el alto tribunal esté influido por las voces que dudan de su neutralidad y haya querido fortalecer así su autoridad y su independencia. No descarta tampoco un brote de orgullo en los magistrados para no seguir las rutas que les marcan los partidos. Y ahora todo queda a la espera de la contienda de verdad: esa resolución independentista del lunes que será impugnada por el Gobierno. Ahí sí que no caben interpretaciones: ya será «una resolución que se ha adoptado». Ahí empezará el choque efectivo de trenes y quizá la incitación a la desobediencia civil.
el desafío secesionista