La proximidad de las elecciones catalanas ha provocado una justificada alarma. Aunque de ellas no se derivará la independencia de Cataluña, su insólito planteamiento ha movido recientemente a claras manifestaciones en contra: de la poderosa canciller alemana, de organizaciones empresariales antes cautelosas y del expresidente Felipe González en una expresiva Carta a los catalanes en la que se repasan hechos, circunstancias y razones por las que ni social, ni económica, ni histórica, ni políticamente, ni de lealtad se justifica esa pretensión secesionista. Es tan fácil el acuerdo en la obviedad que el expresidente Aznar se siente «presente» en ese artículo, la vicepresidenta del Gobierno lo agradece, a pesar de la puya partidaria final, y el líder de Unió, Duran i Lleida, antiguo socio de la Convergència de Pujol, asiente en carta pública de respuesta, dirigida también «a los españoles», quizá para subrayar de paso su nacionalismo.
A estas alturas no existe duda alguna de que el principal responsable de esta situación es el presidente de la Generalitat, que ha adelantado la convocatoria y ha reiterado el signo que pretende darle en su hoja de ruta hacia la independencia. No está de más recordarlo; pero convendría preguntarse si se han suministrado pretextos para esa deriva desde otras formaciones políticas. Lo que ahora preocupa tiene antecedentes que honestamente no deben omitirse. No serán la causa, pero no son ajenos a la ocasión. Es un dato innegable que CiU votó a favor de la Constitución, que esta fue aprobada por amplia mayoría de catalanes y que en sede parlamentaria llegó a decirse que Cataluña se sentía por primera vez cómoda en España. También lo es que Felipe González, como secretario general del PSOE, respaldó y apoyó una ley orgánica contraria a la Constitución, en relación con la autonomía de Andalucía, que, por fortuna, ha dejado escrito un expresidente del Tribunal Constitucional, no fue recurrida. También, y más importante, que con Calvo Sotelo, al margen de los nacionalistas catalanes, con ruptura del consenso constitucional, acordó el «café para todos», un desvío de lo que consta en la Constitución por decirlo de un modo cortés, con la complacencia general y el amparo de una poderosa doctrina científica. La posición de atenerse a la ley queda hoy debilitada por esos antecedentes.
No puede olvidarse tampoco el irresponsable compromiso electoral de Rodríguez Zapatero a apoyar cualquier reforma del Estatut que aprobase el Parlamento catalán, con un Gobierno tripartito presidido por el PSC. Tendrían que haber previsto sus consecuencias. Un nacionalista al que se le ofrece esa posibilidad se encuentra dialécticamente obligado a plantear la independencia. Comenzó ahí la espiral, a pesar del cepillado en el Congreso, que culminaría con el enfrentamiento de Tribunal Constitucional y «soberanía» del pueblo catalán. Ya no queda más opción que colaborar para que el 27S una amplia mayoría no respalde el separatismo.