Muchos economistas, y sobre todo el gran público, admiten que el crecimiento de un país se mide por medio del PIB (producto interior bruto). Hay, por tanto, un gran consenso en admitirlo como un indicador único, incluso a efectos de comparación y de referencia. Sin embargo, cada vez más, existen otras nuevas dimensiones explicativas que ,combinadas entre sí, a fin de conformar un indicador sintético, nos aportan más información y reflejan con mayor exactitud tanto el crecimiento como su calidad e intensidad.
De esta forma surgen los índices de desarrollo humano, a partir de los datos suministrados por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), o el índice de felicidad bruta, creado por el Gobierno de Bután en 1972. Estos indicadores introducen la necesidad de ponderar objetivos sociales, económicos, institucionales y medioambientales. Más tarde, al tener en consideración aspectos como el progreso técnico, los avances tecnológicos o la incidencia de valores intangibles, se ha ido añadiendo una mayor complejidad al análisis del cálculo y estimación del PIB.
Esta mencionada complejidad aviva el debate, acrecienta la disputa y la necesidad de adoptar indicadores que, de manera más completa, aporten datos y explicaciones convincentes a la sociedad. Es decir, se trata de lograr explicar cómo el crecimiento económico de un país puede producirse a la vez que aumenta su desigualdad, empeora su calidad de vida, se endeuda más, crece el paro, o contempla cómo se destrozan y deterioran sus ecosistemas.
Bajo estas circunstancias, la mayor parte de los institutos de investigación y los centros de prospectiva buscan, apasionadamente, explicaciones más verosímiles que la propia interpretación del PIB, que ya se considera un indicador insuficiente. En Australia, su Instituto Nacional de Estadística presenta, desde el año 2002, un conjunto de 26 dimensiones explicativas; la Unión Europea, sobre la base de su Estrategia 2020, cifra sus objetivos en torno a nueve indicadores principales; el Reino Unido, desde el 2011, muestra públicamente su tableau de bord, con 30 indicadores; en Alemania, su comisión ad hoc identifica nueve indicadores complementarios al PIB que son publicados anualmente; en Bélgica, por medio de una ley votada en el 2014, se instituye un debate anual en el Parlamento para hablar sobre la calidad de vida, el desarrollo humano, el progreso social y la sostenibilidad de la economía. O sea, en otras latitudes existen buenas y magnificas experiencias a imitar que bien podrían ser copiadas por el Parlamento de Galicia.
Después del informe Stiglitz-Sen-Fitoussi, encargado por el presidente de la República Francesa, Sarkozy, en el 2009, sobre la medición de los resultados económicos y del progreso social, se abrió el gran debate entre los especialistas en torno a cuáles deberían ser los complementos del cuadro de indicadores de un país. Para contribuir a definirlos, proponemos un marco en el que se combinen tres grandes dimensiones (económica, social y medioambiental) y diez temas que contribuyan a medir el progreso de nuestra sociedad.
En lo que respecta a los asuntos económicos, es necesario tener en consideración los asuntos relativos: a) al acceso al empleo; b) al endeudamiento del país y la estabilidad financiera; c) al dinamismo económico; d) a la inversión productiva; e) a la innovación y apoyo a las start-ups. En lo que hace referencia a los asuntos sociales, los retos están concentrados sobre: a) la salud y la sanidad; b) la calidad de vida y el grado de satisfacción; c) la reducción de las desigualdades y las políticas proactivas en la disminución de discriminaciones sociales; d) el acceso a la educación; e) el acceso a la vivienda, f) el acceso a la cultura, y g) la seguridad. Y, en lo que concierne a la dimensión medioambiental, los temas propuestos para poder medir el progreso de la nueva sociedad son: a) el mantenimiento y defensa de la biodiversidad; b) la preservación de los recursos naturales y las acciones de reciclaje, y c) las actuaciones ante el cambio climático.
Combinando estos indicadores apostaremos por la dimensión intergeneracional, permitiendo la acumulación de medios para poder transmitir de una generación a la siguiente tanto los activos físicos (máquinas, equipos, infraestructuras, recursos bióticos?) como los activos inmateriales (patrimonio, obras artísticas y literarias, investigación...).
Sin duda alguna, esta propuesta debe ser concertada y debería ser monitorizada dentro del marco de una acción de política pública de evaluación, a fin de aumentar la eficacia de los servicios de desarrollo. Sin embargo, si se apuesta por llevar a cabo (y repetir constantemente), más planes económicos, de competitividad, de innovación, etcétera, y nos olvidamos de incluir un buen panel de indicadores, estaremos alimentando más frustraciones en lo que concierne a las posibilidades de alcanzar objetivos de calidad del crecimiento y de progreso.