En agosto de hace cuatro años, Zapatero y Rajoy perpetraron, con alevosía y ausencia de referendo, una reforma exprés de la Constitución. Modificaron el artículo 135, prohibieron el déficit estructural y establecieron que el pago de la deuda pública gozaría de prioridad absoluta «frente a cualquier otro gasto». Al año siguiente, ya sin el concurso de los socialistas -dirigidos por un Rubalcaba que se desmarcaba así de la iniciativa de su ex jefe de filas-, la mayoría parlamentaria sacaba adelante la ley orgánica que desarrolla aquel precepto y detalla la senda para alcanzar la estabilidad presupuestaria. Un monumental brindis al sol: hasta el neoliberal más recalcitrante sabía que la meta señalada era inalcanzable y que la ley orgánica se traducía en agua de borrajas.
A Mariano Rajoy se le llena la boca con el imperio de la ley. La ley está para cumplirla, repite el presidente, como un mantra, cada vez que Artur Mas enarbola el estandarte independentista o los ciudadanos se quejan de alguna norma rigurosa. Teoría irreprochable en buena lógica democrática, pero la cruda realidad nos enseña que hay leyes que nacen para no ser cumplidas. Leyes-señuelo y leyes-imposición. La Ley de Dependencia pertenece a la primera categoría: establece que el Estado aportará el 50 % del coste del sistema, pero su contribución no supera el 17 % a día de hoy, lo que ha motivado una denuncia contra el Gobierno ante la fiscalía. Y es que más de 117.000 dependientes fallecieron mientras esperaban las ayudas a las que tenían derecho. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, impuesta por Merkel al legislador español, se cocinó también para incumplirla. Ni siquiera el primo de Rajoy, el científico que consideraba un timo la tesis del calentamiento global, acude ya en defensa del engendro.
Hay que tener bemoles, o crasa ignorancia, para sostener que serán alcanzados los objetivos marcados por la susodicha ley orgánica: rebajar la deuda pública al 60 % del PIB -y doblegar el déficit estructural al 0,4 %- en el horizonte del año 2020. Pero no habrá que esperar cinco años para certificar el incumplimiento. Mientras escribo, el Gobierno está violando en el callejón y a calzón quitado la citada ley, cuya disposición transitoria primera establece: «A partir del momento en que la economía nacional alcance una tasa de crecimiento real de, al menos, el 2 por ciento anual o genere empleo neto con un crecimiento de al menos el 2 por ciento anual, la ratio de deuda pública se reducirá anualmente, como mínimo, en 2 puntos porcentuales del PIB».
El empleo neto creció un 2,5 % en el 2014, pero la deuda, en vez del recorte de dos puntos que exige la ley, continúa creciendo: nueve décimas en el primer semestre de este año. Peor aún: la optimista previsión oficial apunta que el endeudamiento público se situará en el 98,7 % del PIB a final de año, un punto por encima de la ratio del 2014. Es decir, el Gobierno vulnera, a sabiendas, el precepto constitucional. Al delito de violación le añade el dolo.