Un reciente artículo publicado en esta sección por uno de mis colegas planteaba algunas cuestiones de interés referentes al actual despoblamiento del medio rural. Sin duda acertaba en la afirmación de que «no existe un problema demográfico exclusivamente gallego», ya que se trata de una tendencia general en muchas otras zonas de España y de Europa. Mencionaba, también con acierto, el esfuerzo que muchas familias tuvieron que realizar para abandonar un medio hostil y mejorar sus vidas emigrando a la ciudad. Sin embargo, creo que el artículo plantea algunas otras cuestiones sobre las que vale la pena reflexionar.
Los estudios publicados en la literatura económica reciente sobre el cambio demográfico sostienen que las conductas demográficas dependen, fundamentalmente, de la calidad de vida del lugar donde residir, de la compatibilidad entre el ámbito laboral y familiar y de la estabilidad económica. Son estas tres cuestiones las que hicieron que nuestros padres o abuelos dejaran el medio rural y se trasladaran a los grandes núcleos de población y sus entornos.
Es obvio que esas circunstancias han cambiado y hoy los entornos urbanos no generan esas posibilidades y certidumbres como antaño. Los pueblos han mejorado su calidad de vida, y en las ciudades la conciliación familiar y la estabilidad económica están cada vez amenazadas por la precariedad laboral. Las nuevas tecnologías, por otra parte, suministran nuevas posibilidades de trabajo, cultura y ocio sin distinción del tipo de entorno. Por tanto deberíamos analizar la cuestión desde estos nuevos parámetros.
La actual concentración de la población en las ciudades resulta cara y difícil de manejar en tiempos de crisis como los actuales, generando nuevos problemas de falta de recursos, pobreza, etcétera. Adicionalmente, la dispersión en las áreas de influencia de las ciudades está generando inversiones mucho mayores en infraestructuras que en las villas rurales. Mientras esto ocurre, la despoblación de amplias áreas del país supone un grave problema para la conservación de los recursos naturales y el control de las catástrofes ambientales. En resumen, ha habido un cambio sustancial en el desequilibrio en servicios entre el medio urbano y el rural, las condiciones laborales han mudado de manera sustancial y, finalmente, el coste a largo plazo de una parte del país despoblado es muy elevado.
Pues bien, son esos costes ambientales, cuyos efectos ya son visibles, por ejemplo, en los incendios forestales o la invasión de algunas especies, los que llevan a los países civilizados a plantear políticas específicas para el medio rural. Sin embargo, mientras defendemos sin reparo otras políticas económicas europeas, cuestionamos el diagnóstico sobre esta cuestión que se hace en Finlandia o en Noruega y la necesidad de abordarla. No se trata de si uno cree en una mítica sociedad tradicional, ni de si uno vive en la ciudad; yo, por elección, vivo en un pueblo. De lo que se trata es de plantear una estrategia de ocupación del territorio que sea sostenible, como se debe hacer con la política energética o cualquier otra política sectorial.
Llevo bastantes años trabajando en zonas de montaña y no creo equivocarme al decir que ya hay una tendencia incipiente a permanecer, o volver, a núcleos de población pequeños; solo falta que la Administración se dé cuenta de que esto es rentable para el país. Por lo demás, tengo mis dudas de que el «decrépito paraíso» esté hoy en una villa rural y no en el extrarradio de una gran ciudad.