España es, después de Grecia, el país de la UE con el mayor problema de desempleo: una cifra enorme de desempleados agravada por el insoportable peso del paro de larga duración y el bajo nivel de protección. Por lo tanto necesitamos más recursos que nadie para incentivar la creación de empleo, ayudar de forma especial a los que por sus características se van a quedar al margen de la recuperación y proteger a las personas que no son capaces de encontrar empleo. Por eso es indignante el recorte en 5.071 millones de euros en el presupuesto para el 2016 del SEPE (el antiguo INEM).
En el colmo del cinismo, el Gobierno del PP presume de este recorte diciendo que se debe a la reducción del paro, gracias a su milagro económico. Pero eso no es cierto, tal y como demuestran las cifras oficiales. En junio del 2011 había en España 4.121.801 parados registrados. En junio del 2015 hay 4.120.300, casi exactamente las mismas. Sin embargo, hay 578.320 personas menos cobrando prestaciones por desempleo y el gasto en protección se ha reducido en 10.723 millones de euros. Es evidente, por lo tanto, que no estamos ante un ahorro sino ante un durísimo recorte. Las razones por las que el gasto en desempleo se desploma desde que gobierna Rajoy son otras: la expulsión del sistema de protección de mucha gente y la pérdida de calidad de la prestación.
Empezando por este último factor, el gasto medio por beneficiario en junio del 2011 era de 901 euros/mes, mientras que en el mismo mes del 2015 es de 763 euros: una reducción de 138 euros que equivale a una pérdida nominal del 15 %. Esta caída de la cuantía media se debe a dos razones. La primera es que las prestaciones contributivas, las de más calidad, tienen un peso cada vez menor: en el 2012 las cobraban uno de cada dos parados con prestación y ahora solo uno de cada tres. Al ganar peso las prestaciones asistenciales, que son de 426 euros/mes en el caso general, el gasto medio se reduce. La segunda es que también se ha reducido la prestación contributiva, que pasa de 855 euros en el 2011 a 801 euros en el 2015, como consecuencia de los recortes aplicables con el RDL 20/2012.
El otro factor que reduce el gasto es la intensa reducción del número de personas protegidas, esto es, la expulsión de cada vez más gente del sistema, tal y como refleja la tasa de cobertura, que se ha reducido el 20 % desde el 2011. En cifras absolutas, ahora hay 1.959.907 parados sin prestaciones mientras que hace cuatro años eran 1.381.587. Ese es el verdadero milagro del Gobierno: deteriorar la calidad de la protección al desempleo, algo intolerable en un país en el que, según la EPA, solo uno de cada cuatro desempleados cobra prestaciones.
Los parados están pagando la crisis dos veces, primero perdiendo su empleo y después soportando un durísimo recorte de las políticas de empleo, que dificulta la vuelta al mercado de trabajo de los que tienen una menor empleabilidad y condena a la exclusión social a todos los que pierden el derecho a las prestaciones. Que el Gobierno presuma de esto es un insulto a los que peor lo están pasando, tal como lo verbalizó una diputada del PP en el Congreso de los Diputados.