La incontinencia legislativa de muchas comunidades autónomas en materia hacendística no tiene límites. Desde su constitución han creado casi 80 figuras impositivas. Y no se trata de tasas o precios públicos, que tienen una función finalista, sino de impuestos.
La lista afecta a casi todos los sectores, muchas veces gravando hechos imponibles que replican a los del Estado. Doce comunidades tienen un canon sobre el agua; nueve, un impuesto que grava determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; ocho cargan la producción o depósito de residuos en instalaciones controladas; cinco han puesto en marcha un tributo sobre grandes superficies comerciales; cinco gravan el juego; otras cinco, la emisión de gases a la atmósfera; dos han instaurado un impuesto sobre las tierras «en deficiente aprovechamiento»; una grava el tabaco y los combustibles, dos de sus principales fuentes de ingresos; otra considera hecho imponible la caza, pese a que es una de su principales riquezas naturales, y una tercera a las empresas de alquiler de coches y a las bebidas no alcohólicas.
La hemorragia legislativa, carente muchas veces de sentido común, afecta también a los depósitos bancarios, las telecomunicaciones, las bolsas de plástico, la energía eólica y el daño medioambiental causado por la instalación del transporte por cable, el aprovechamiento del agua embalsada o la estancia de turistas en establecimientos hoteleros.
Para hacerse una idea de lo que significa esto, hay que tener en cuenta que la Administración central tiene actualmente unos 20 impuestos, apenas la cuarta parte de los que han nacido al calor de la capacidad normativa del sistema autonómico, principalmente a partir de la interpretación que dio el Tribunal Constitucional en el 2009 a la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, mucho más laxa para la creación de impuestos que en sentencias anteriores.
Los datos se incluyen en un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre la reforma de la financiación autonómica, del profesor de la Universidad de Barcelona Luis María Alonso, en el que han colaborado primeros espadas como los profesores Zubiri, Monasterio, Zabalza, Barberán, Uriel, De la Fuente, Cucarella y Pérez, en el que se afirma que «la política impositiva autonómica provoca el fin del sistema fiscal nacido en la transición: pocos impuestos y de gran potencia recaudatoria».
Y la imposición de esos tributos, algunos con reducidísima recaudación y otros con cierta potencia, no depende de opciones ideológicas. Todos los Gobiernos autonómicos, independientemente de su ideología, han creado impuestos que en algunos casos compiten con los estatales. Si el votante fuera consciente de la política fiscal del Estado y de su comunidad, por no hablar de su ayuntamiento, es posible que tuviera consecuencias en las elecciones de este año, pero aún estamos lejos de que el ciudadano sepa discernir entre unos y otros, y de que su voto sea más sociológico que ideológico.